Para ambos partidos, de las investigaciones realizadas por una comisión parlamentaria específica se desprenden indicios claros de la existencia de acciones encaminadas a ese fin.

El pleno de la Cámara gallega aprobó hoy el dictamen de la comisión investigadora, que sólo fue respaldado por los votos del PP, con mayoría absoluta en la Cámara gallega, y que exculpa de responsabilidades políticas a los cargos de la Xunta y Diputación de Orense, al tiempo que apunta al cura de Tamaguelos (Verín), FelisindoRodríguez, como único responsable de que una obra que debía ser ejecutada mediante un convenio del Gobierno gallego y la Diputación de Orense fuera realizada meses antes de su adjudicación.

La polémica obra, en la localidad orensana de Veiga de Nostre, fue posteriormente adjudicada a la empresa Hermanos Carrajo, que la había realizado de forma ilegal y que en la licitación presentó la oferta más cara. El portavoz del PSdeG-PSOE, Agustín Vega, y el del BNG, Alfredo Suárez Canal, se refirieron a este heho como indicio claro de que hubo acuerdos subterráneos.

También rechazó el portavoz socialista el argumento de la Administración para esa adjudicación, fundamentada en que la empresa tenía una planta con los materiales necesarios en las cercanías de la obra. Para Agustín Vega, este hecho podría justificar la concesión a una empresa que, de otro modo, pudiera incurrir en baja temeraria, pero nunca la concesión a la oferta más cara.

Alfredo Suárez Canal puso de manifiesto que su grupo, el BNG, recamó información general sobre la adjudicación directa de obras durante los últimos años, con la intención de demostrar que hechos como los de Verín y Castrelo do Val (Orense) son generalizados, y denunció que el PP se opuso a esa posibilidad, pese que a que el responsable de Obras Públicas en la Xunta, Xosé Cuiña, se había mostrado favorable.

Para este portavoz, el debate del dictamen sobre las obras irregulares fue el último acto de un esperpento destinado a tapar irregularidades de altos cargos de l Xunta, y lo definió como una burla al Parlamento, al que, a su juicio, se ha sometido al ridículo.

Por el PP, Fernando González Suárez defendió el dictamen elaborado en la comisión y afirmó que no hay datos que respalden la petición de responsabilidades políticas en los hechos. También afirmó que los votos particulares defendidos por el BNG y el PSdeG-PSOE tienen claras intencionalidades partidarias y no están avalados por hechos.

González Suárez concluyó defendiendo al consejero de Obras Públics y "delfín" de Fraga, Xosé Cuiña, de quien dijo que tuvo una actuación impecable, al facilitar la investigación parlamentaria sobre las obras.

A juicio del BNG y PSdeG-PSOE, Cuiña es el máximo responsable de las irregularidades constatadas, en calidad de inductor y cómplice.