Esa convicción se puso sobre la mesa en la reunión que a mediodía de hoy mantuvieron en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, y en la que estuvo también el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Fuentes parlamentarias explicaron a Servimedia que el calendario con el que trabajan ambas partes es que las enmiendas estén listas el 27 de diciembre, cuando finalizaría la última prórroga posible para su presentación.

Ese plazo era inicialmente de dos semanas posteriores a la toma en consideración del proyecto, y ya ha sido ampliado dos veces, la última hasta el día 20.

El Reglamento del Congreso de los Diputados permite tres prórrogas automáticas, pero, a partir de ahí, las nuevas ampliaciones necesitarían la unanimidad de los grupos, y el PSOE asume que el PP no está por la labor de alargar los plazos.

Con ese calendario, la ponencia constituida en la Comisión Constitucional encargada de analizar las enmiendas no comenzará a trabajar hasta el mes de febrero, salvo que se habilite para sus trabajos el mes de enero.

Uno de los principales obstáculos de la negociación entre el PSOE y los demás grupos es la financiación autonómica y lo que el Estatuto puede recoger sobre ella.

El Gobierno mantiene la tesis de que la financiación debe ser acordada entre todas las comunidades y el Estatuto únicamente podría contener principios generales válidos para el próximo y otros futuros modelos que se pudieran acordar mientras el Estatuto sigue en vigor.

La reunión de Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba y Duran i Lleida en las dependencias de Presidencia del Gobierno en el Coongreso de los Diputados se prolongó unos veinte minutos, justo antes de que el presidente iniciara su viaje a Bruselas para participar en la cumbre europea que abordará las perspectivas financieras.

También ese fue uno de los asuntos abordados en la reunión, después de que la Presidencia británica de la Unión Europea haya modificado su propuesta inicial y el Gobierno la haya considerado un primer paso por el camino adecuado.