Pilar Fernández, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y Secretaria de Política Institucional de la Ejecutiva regional de su partido, declaró a Servimedia que además de Villarejo de Salvanés -localidad donde ha saltado un escándalo en el que aparece supuestamente implicado un parlamentario socialista-, Meco y Valdemorillo son las otras localiades donde la coalición y los populares están coaligados.

Por esa razón, la Federación Socialista Madileña (FSM) convocará una reunión "urgente" de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Investidura PSOE-IU, para tratar de los incumplimiento en el ámbito municipal.

PSOE e IU acordaron después de las pasadas elecciones autonómicas una serie de puntos -uno de ellos hace referencia a que ambas formaciones se apoyarán mutuamente para impedir alcaldes de derechas- para conseguir la gobernabilidad de la región, ya que el triunfador en los pasados comicios autonómicos fue el PP, por lo que Leguina pudo sr presidente con los votos de apoyo de la coalición.

La "chispa" que ha provocado otra "minicrisis" entre PSOE e IU en la CAM fue la querella presentada por José Mayor, alcalde de Villarejo de Salvanés y que se presentó a los pasados comicios en las listas de IU, contra el anterior primer edil del pueblo y actual diputado de la Cámara regional, Alfonso Sacristán, por presuntos delitos de usurpación de funciones, prevaricación, estafa y malversación de fondos.

Precisamente, Sacristán compareció ho ante el Juzgado número 1 de Arganda, en compañía de José María Benitez de Lugo, del equipo jurídico del PSOE y de Pilar Fernández, pero no prestó declaración por su condición de aforado como diputado y pidió al juez que se inhiba y deje el caso en manos de instancias superiores.

Pilar Fernández resaltó que la defensa de acusador la ostentó un abogado de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Arganda, localidad con alcalde de IU.

José Mayor, alcalde de Villarejo gracias a los votos del PP, fe separado de la disciplina de IU tras tomar esa decisión, y pasó a formar parte de Grupo Mixto del Ayuntamiento.

La acusación contra Sacristán es la de firmar un decreto hace dos meses, cuando ya no ocupaba la alcaldía, que aumetaba el salario del secretario del pueblo, en libertad bajo fianza de 750.000., que pasaba a cobrar 530.000 pesetas al mes.

Ante ese incidente, Fernández aclaró a esta agencia que "somos respetusos con la tramitación judicial y, en todo caso, queremos dejar claro, la FSMyo como dirigente socialista, que se apoya a nuestro diputado y ex alcalde y avalamos su honorabilidad y respetabilidad y, sobre todo, su anterior gestión municipal".

"Lo aparecido en los medios de comunicación como un presunto escándalo, significa, igual que en otras muchas ocasiones, una anticipación de una culpabilidad que nosotros creemos que será presunta", concluyó la parlamenaria socialista.