Fernández de la Vega, quien en el pleno del próximo miércoles defenderá una interperlación de su grupo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre las iniciativas que piensa adoptar en este sentido, explicó que las reformas y las innovaciones contenidas en el nuevo Código requieren de una erie de medidas para facilitar su aplicación.

En un encuentro con periodistas, la parlamentaria socialista lamentó que hayan pasado 40 días desde que los populares accedieron al poder, sin que desde entonces hayan tomado ninguna medida de carácter normativo o de organización para favorecer la plena efectividad del Código Penal.

En este sentido, contrapuso esta actitud con la del anterior Ejecutivo socialista que, según indicó, una vez que fue aprobado el Código en noviembre de 1995 se puso manosla obra y abordó distintas medidas en colaboración con los departamentos relacionados con Justicia, Instituciones Penitenciarias y el Plan Nacional sobre las Drogas.

En concreto, citó las modificaciones emprendidas en el Reglamento Penitenciario y en la Ley Penal Juvenil, así como otros estudios para facilitar la entrada en vigor del Código Penal.

Fernández de la Vega expresó su preocupación por el hecho de que el PP -único grupo político que en su día no apoyó el Código Penal- tenga que ser ahoa el encargado de velar por su aplicación.

FISCAL GENERAL

Igualmente, llamó la atención sobre las declaraciones de algunos dirigentes de este partido, que han alertado sobre cuáles pueden ser las conclusiones a las que llegue en su memoria el fiscal general del Estado sobre los resultados de la aplicación del nuevo texto legal.

Por otra parte, Fernández de la Vega defenderá en el pleno de mañana una proposición de ley sobre la regulación voluntaria del embarazo, que amplía la despenalización a a situación de grave conflicto personal, familiar o social en la que se pueda encontrar la mujer.

La diputada del PSOE puso de relieve que esta ley es "urgente" y de "una gran importancia social", al tiempo que recordó que existe un gran consenso en España para no penalizar el aborto con la cárcel.

En su opinión, la sociedad española demanda instrumentos distintos a la vía penal para abordar este asunto y no pueden descartarse posibles modificaciones si la ley que amplía la despenalización del abrto no prospera en el Parlamento.