El portavoz del PSOE, José María de la Riva, señaló que lo único que une al alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, y al teniente de alcalde, José María Alvarez del Manzano, es esta campaña, que supone un gast diario de 170.000 pesetas.

De la Riva denunció asimismo que "ninguno de los gastos derivados del Madrid Cultural del 92 ha pasado por algún órgano del consorcio, por lo que es una campaña aprobada exclusivamente por el alcalde".

La representación socialista municipal expresó también sus dudas sobre la finalidad de una de estas supuestas operaciones propagandísticas: la instalación de una pantalla gigante en la plaza de Colón, desde la que se facilitarán datos suministrados por la empresa Promadrd.

Otras iniciativas "publicitarias" realizadas por el actual equipo de Gobierno, según De la Riva, son: la exposición de La Vaguada, que ha costado 60 millones de pesetas; las campañas de teléfono y medio ambiente, por valor de 80 millones, y la puesta en marcha de Promadrid y del plan estratégico, por un coste superior a los 250 millones.

El concejal socialista, que calculó en 250 millones los gastos ocasionados por la instalación de la pantalla, preguntó cuáles son las empresas que van a publiitar esta campaña y si esas sociedades coinciden con algunas de las contratas que está prorrogando el ayuntamiento.

Por su parte, el anterior concejal de Hacienda, el socialista Alfredo Tejero, denunció que el Gobierno municipal está practicando una política de oscurantismo para financiar la campaña electoral y vaciar las arcas municipales.

"Parece que se han dicho: 'vamos a pagar todo lo que podamos hasta las elecciones y luego veremos'", declaró Tejero, quien protestó porque el equipo de Gobiero no está facilitando datos sobre determinados gastos publicitarios y por las dificultades que la oposición encuentra para acceder a determinadas informaciones.

El concejal socialista se quejó también de que el Gobierno municipal está anteponiendo su campaña propagandística al principal problema de Madrid, el tráfico y el transporte, ya que considera que no cumple las obligaciones con el Consorcio de Transportes en lo referente al "Plan Felipe", al haber reducido su participación.