Durante un desayuno con periodistas, la diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega explicó que el Código Penal de 1995, que ahora pretende modificar el Gobierno, introdujo por primera vez normas "duras, eficaces y rigurosas" para defender la libertad sexual, al tiempo que impedía la impunidad de las conductas sexuales delictivas.

A la hora de defender a los menores, como seres más vulnerables frente a este tipo de delitos, "los socialistas estamos los primeros", asegró la ex secretaria de Estado de Justicia.

Sin embargo, criticó que el Ejecutivo pretenda reintroducir el delito de corrupción de menores, porque esta tipificación supone la facultad de los jueces para decidir cuándo un joven mantiene relaciones sexuales "prematuras" o si éstas son "buenas o malas" para su proceso de desarrollo.

Esto equivaldría, afirmó, a "penalizar" la sexualidad de los jóvenes, que tienen derecho a ejercer su libertad sin perjuicio de que se proteja a los menores.

Además,los socialistas entienden que el texto del Gobierno amplía de manera "desorbitada" la definición de la prostitución. Aunque es una "forma de explotación inadmisible", advirtió Fernández de la Vega, el Código Penal no debe ser el instrumento para reprochar comportamientos sociales.

Hay que penalizar, explicó, la prostitución de menores o los casos en que se demuestre la existencia de "coacción" para su ejercicio, pero lo demás debe quedar fuera del Código Penal, aplicando políticas preventivas, no penaes.

Si sale adelante esta tipificación, pronosticó la diputada socialista, se podrán dar casos que no se daban ni en la época del franquismo, como que cualquier cliente que entre en un establecimiento en el que se entienda que se fomenta la prostitución esté amenazado con la pena de prisión.

"UTILIZACION ARBITRARIA DE LAS EDADES"

Antes de entrar en uno de estos locales, aun sin saber de qué tipo es, el cliente "tendrá que pedir el DNI a todos los que estén dentro para no exponerse a una redada olicial", ironizó Fernández de la Vega.

El texto del Gobierno hace, a su juicio, una "utilización absolutamente arbitraria" de las edades, de forma que por debajo de los trece años cualquier relación sexual es delictiva, pero entre los trece y los quince se puede mantener todo tipo de relación, siempre que no sea con otra persona mayor de edad, porque entonces se convierte en delictiva.

De esta forma, insistió la parlamentaria, una pareja en la que ambos sean menores de catorce años puede mantene todo tipo de relaciones, pero si uno de los dos miembros cumple los dieciocho años, el mayor de edad se expone a prisión.

Por este motivo, en la enmienda de totalidad que defenderá el Grupo Socialista se tipifica la difusión y venta de material pornográfico que involucre a menores, se aumentan las penas para los abusos sexuales y se modifican los plazos de prescripción del delito para empezar a contarlo desde el momento en que el menor denunciante cumple la mayoría de edad.

Estos, dijo Fernándezde la Vega, son los tres puntos que el Parlamento consideró "mejorables" del Código Penal y que todos los grupos parlamentarios se comprometiron a estudiar y, en su caso, modificar.

Sin embargo, expresó su oposición radical al texto de reforma que propone el Gobierno por entender que la regulación resultante sería la de la época de Primo de Rivera, cuando "el piropo se consideraba como una falta penal".

Por este motivo, expresó su confianza en que los demás grupos, "que no dieron un cheque en blaco al Gobierno" en este tema, no apoyen la reforma promovida por el Ejecutivo y les lanzó un llamamiento para que, si no están de acuerdo con ella, respalden la enmienda de totalidad y no se escuden en la presentación posterior de numerosas enmiendas parciales.