Asimismo, aceptó negociar sobre las competencias atribuidas a las policías autonómicas dentro de sus respectivos estatutos de autonomía y suprimir el término "Estado" en todos los artículs del proyecto que hablen de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

El portavoz socialista, Pere Jover, recalcó, sin embargo, que la Ley de Seguridad Ciudadana no altera ni vulnera ni recorta las competencias que tienen las comunidades autónomas, y se mostró favorable a que el texto haga constar las competencias de los ayuntamientos.

Los grupos nacionalistas vascos (PNV, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alkartasuna), que recalcaron especialmente la importancia de reconocer las competencias de la "Ertzaintza, anunciaron que se abstendrán en la votación.

El PSOE, que tratará de modificar la ley mediante enmiendas transaccionales, rechazó el resto de las propuestas presentadas por la oposición al capítulo primero de la ley. Sólo aceptó cambiar la frase "tranquilidad ciudadana" por la de "convivencia ciudadana".

Mientras los socialistas se esforzaron en recalcar la constitucionalidad de la ley, el resto de los grupos parlamentarios mostraron su postura contraria al texto, por entender que algunos de su preceptos son inconstitucionales y restringen las libertades constitucionales.

Frente a este argumento, el ponente socialista, Alvaro Cuesta, apuntó que el proyecto reconoce el valor supremo que tiene la libertad y dijo que "no se puede minusvalorar la seguridad ciudadana, porque sin ella las libertades son como ruedas que giran en el vacío".

ESTATUTOS DE AUTONOMIA

La diputada Koro Garmendia, de Euskadiko Ezkerra, argumentó al presentar sus enmiendas que la ley simplifica el delito y encuadralos ciudadanos en dos categorías: honrados y delincuentes.

Parecido discurso realizó el portavoz de Eusko Alkartasuna, Joseba Azkárraga, quien apuntó que el proyecto remite a una involución autonómica y que no tiene en cuenta el futuro repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi y el despliegue de la "Ertzaintza".

Ambos partidos, junto al PNV, pidieron la supresión de las figuras de los gobernadores civiles, solicitud que no fue aceptada por el grupo socialista porque, según su oinión, conectan con la Administración y realizan labores importantes para la seguridad ciudadana.

El diputado peneuvista Emilio Olabarría pidió un "consenso político" para mejorar la ley en todos aquellos puntos que choquen con las competencias de las comunidades autónomas.

Por su parte, José Luis Núñez, de Izquierda Unida, resaltó que no tiene sentido subordinar todas las actuaciones policiales a las autoridades gubernamentales (Ministerio del Interior), mientras recalcaba que la ley "recorta la libertades sin aumentar ni un gramo la seguridad ciudadana".

OPOSICION FRONTAL

José María Trías de Bes, de Convergència y Unió, insistió en que "el PSOE tendrá la suficiente sensibilidad para modificar la ley y hacerla acorde con la distribución competencial del Estado".

El portavoz del CDS, José Antonio Souto, apuntó que la nueva ley choca con los preceptos que ya están recogidos en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986.

El Partido Popular expresó, en boca de Rogeli Baón, su oposición frontal al proyecto, aunque reconoció que su partido está de acuerdo con los fines implícitos de la ley, cuyo último responsable, dijo, es el presidente del Gobierno, Felipe González.

A su juicio, no sólo es un error manifiesto contraponer seguridad y libertad, como hace el texto, sino que es restrictivo con otras leyes ya existentes, como por ejemplo con la de Enjuiciamiento Criminal.

El parlamentario instó a que el Gobierno defina claramente qué es seguridad ciudadana y qué s seguridad pública y dijo que es importante evitar duplicidades de los servicios de las distintas seguridades del Estado.