Asimismo, el PSM instará a que "se eliminen todos aquellos añadidos en documentos y trámites referidos a aprovechamientos forestales en fincas particulares que, de forma solapada, han intentado que este artículo siguiera vigente de facto, pese a que el Tribunal Constitucional, en resolución con fecha 2 de abril de 2008, ha mantenido la suspensión de la entrada en vigor de lo dispuesto en el citado artículo".

Manifestó que la necesidad de "vigilar, preservar y proteger" el medio ambiente de la región, y más específicamente sus montes, "no puede estar supeditada a limitaciones dictadas al albur de intereses privados, sino que debe venir marcada, tal y como establece nuestra Constitución, por el máximo interés general".

Menéndez dijo que el Gobierno, con el citado artículo, "no sólo intentó dificultar la tarea de los agentes forestales en cuanto a su labor de vigilancia, control y preservación de los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, sino que lo hizo modificando leyes estatales sobre las que ni puede ni debe legislar".

A su juicio, "el intento de evitar" que los agentes forestales puedan acceder a fincas privadas si no es previa autorización judicial, "no sólo ha ridiculizado a quienes lo han esgrimido, por ser torpes y faltos a la verdad, sino que ha abierto un falso debate sobre los límites de la propiedad privada y ha extendido sobre este cuerpo de funcionarios la sombra de una sospecha absolutamente inmerecida y carente de toda legitimidad".

Aseguró que los agentes forestales están "legitimados en su trabajo, tanto por las competencias y garantías que les dan las leyes, como por la eficacia de su trabajo, que no tiene ni ha tenido otro fin que el de respetar y prevenir actividades delictivas y malos usos en nuestros espacios naturales".

Indicó, asimismo, que la "tozudez" del Gobierno regional madrileño ha generado "un problema añadido, al invadir competencias que la Constitución atribuye de forma exclusiva al Estado, fundamento del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la nación contra el artículo 9 ante el Tribunal Constitucional, quien ha resuelto la suspensión de la vigencia y aplicación del mismo".

Esta sentencia, añadió, ha supuesto "un claro revés a los argumentos del Gobierno regional, máxime cuando esta suspensión se ha visto refrendada al no atender el Tribunal Constitucional las alegaciones presentadas por la Asamblea de Madrid a esta decisión de suspensión cautelar".