Sabanés señaló que IU realizará varias preguntas en el próximo pleno de la Cámara regional y reiteró que la mandataria madrileña debe pedir "perdón públicamente por este escándalo, por la persecución a los profesionales y por su ataque sin precedentes a la sanidad pública madrileña".

Exigió, asimismo, la "reparación del daño, restituyendo a los profesionales a sus puestos de trabajo".

Sabanés propuso el cese de Lamela y de "todas las personas que formaron parte del entramado de este caso y tuvieron responsabilidades, entre ellos el actual Defensor del Menor, Arturo Canalda", en aquel momento alto cargo de la Consejería de Sanidad.

Maru Menéndez dijo, tras mostrar su "alegría" por la sentencia, que, con esta resolución judicial, los profesionales del Severo Ochoa "han visto definitivamente demostrada su inocencia".

Exigió el cese de Lamela porque "ha demostrado su absoluta incompetencia para gestionar los asuntos públicos y ha formado parte de una campaña, aunque ahora pretenda eludirlo, de acoso contra los profesionales y la sanidad publica, y además ha provocado una gravísima situación al intentar quebrar la confianza de los madrileños en ellos", añadió.

El portavoz del PP, Anonio Beteta, dijo sobre este caso que la decisión judicial "pone de manifiesto que no se puede ligar la existencia de prácticas médicas al resultado de muerte y, por lo tanto, no tiene relevancia penal".

Recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió, en su día, "de modo definitivo", sobre la separación del doctor Luis Montes del puesto de libre designación que ocupaba en el Severo Ochoa.

Montes fue despojado del cargo por Lamela "por razones organizativas", dijo Beteta.

Aseguró que la Comunidad de Madrid, que "no ha formado parte de este pleito", lo que hizo en su día fue poner en conocimiento de la Fiscalía "las denuncias anónimas que recibió sobre 400 casos de sedaciones irregulares".

Insistió en que el Gobierno regional "nunca ha sido acusación y nunca se ha personado" en esta causa.