Fernández señaló que la Consejería de Empleo y Mujer, dirigida por Juan José Güemes, alega anulaciones, caducidad en el tiempo, modificaciones o decide sencillamente archivar algunosexpedientes, imposibilitando la imposición de sanciones.

"Algo pasa", dijo Fernández, que destacó queel 94% de "las sanciones impuestas por esos mismos inspectores", pero referidas a competencias gestionadas por el Ministerio de Trabajo o la Delegación del Gobierno y que afectan a asuntos de Seguridad Social o Inmigración, son confirmadas y sólo el 6% no lo son.

Explicó que el Cuerpo de Inspectores de Trabajo es estatal y realiza distintas funciones para las administraciones central o regional, dependiendo de los asuntos a tratar. Si se refieren a higiene y seguridad en el trabajo, al ser una competencia autonómica, la decisión sobre los expedientes corresponde a la Comunidad de Madrid.

Explicó que en el próximo pleno de la Asamblea de Madrid preguntará a Güemes sobre losdatos de siniestralidad laboral y destacó que los accidentes siguen creciendo, aunque se han reducido los más graves.