Según las mismas fuentes Interior remitió una carta al coordinador general de seguridad del PSOE el pasado 31 de octubre, que, bajo el sello de "confidencial", anunciaba que los servicios de escolta prestados por empresas privadas debían reducirse a 12 horas al día como máximo.

La misiva, firmada por el director de gabinete del ministro de Interior, Pablo Martín Alonso, explica que el "excesivo" número de horas de servicio continuado supone un esfuerzo para los escoltas que afecta a la eficacia en su tarea y al grado de seguidad de las personas protegidas.

Por ello, Interior pide que, "en la medida de lo posible", la protección se garantice a "un máximo de 12 horas" y sólo en casos de necesidad se pueda prolongar hasta las 16 horas. Esta medida se empezó a aplicar ayer, lunes.

El primer afectado que expresó una queja fue un concejal socialista que trabaja como barrendero y comienza su jornada laboral a las 6 de la mañana. Según el criterio que quiere imponer Interior, a las 6 de la tarde este cargo del PSE ya no debría salir de su casa o en su caso hacerlo sin ningún tipo de protección.

Fuentes de la dirección del PSE aseguraron a esta agencia que la medida se está aplicando de manera restrictiva y que no hay voluntad de facilitar la ampliación del servicio de escolta más allá de las 12 horas. En el primer día de aplicación, media docena de concejales se han dirigido al partido para expresar su malestar.

Entienden los socialistas que lo que pretende Interior en realidad es recortar los gastos que le genera antener la seguridad privada de cientos de cargos públicos vascos, más que velar por la eficacia del servicio.

Además, agregaron las fuentes consultadas, el PSE se siente especialmente afectado por esta medida, puesto que una buena parte de sus cargos públicos están protegidos por empresas de seguridad privada, "al contrario que los del PP, que cuentan con escoltas adscritos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Este hecho acrecienta el malestar de los socialistas, que consideran que ste tipo de restricciones, no aplicables a policías, guardias civiles o ertzainas, "rompen el principio de igualdad" entre cargos públicos de unos y otros partidos.

La comunicación de Interior se produce en un momento en que la dirección socialista estaba reclamando que la vigilancia privada de sus cargos públicos se hiciera por parejas y no individualmente.