En nombre del Grupo Socialista, el diputado del PSC Daniel Fernández, recalcó, en una rueda de prensa conjunta, que se trata de una ley que "por si sola, justifica toda una legislatura y para la cual estamos profundamente comprometidos y de la cual nos sentimos profundamente orgullosos".

"Va a complementar el Estado de bienestar, hasta ahora sustentado sobre la base de la educación, la sanidad y las pensiones, con un cuarto pilar, como un sistema que garantice la calidad de las personas en situación de dependencia", agregó.

Expresó su preocupación porque CiU se quede al margen y se sitúe así "a la derecha del PP" por motivos tácticos, pero también más profundos, "la deriva neoliberal y conservadora del proyecto de Artur Mas".

El portavoz de ERC en esta materia, Joan Tardá, apuntó que "no es casual que estemos aquí tres grupos de la izquierda catalana", y emplazó a CiU a sumarse al acuerdo y que "no esconda en la bandera de las competencias" su verdadera voluntad, "que los mercados entrarán con toda la furia en unos servicios en los que lo preminente es lo público".

"Esta ley va a ser recordada como la universalización del sistema de sanidad en la década de 1980", subrayó, con una ley que establece "un nuevo derecho subjetivo y termina con las deslealtades de la Administración General del Estado", que atribuía obligaciones a las comunidades autónomas pero no financiación.

La portavoz de IU-ICV en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados, Carme García, recalcó que se trata de "un paso muy importante para nuestro país y para más de millón y medio de personas", y recordó que "la dependencia afecta a toda la ciudadanía en potencia".

ACUSACIÓN "PATÉTICA"

Apuntó que ninguno de los grupos que suscribe el acuerdo habría respaldado una ley que vulnerara las competencias de una comunidad autónoma, y explicó que simplemente establece unas garantías "mínimas" para los ciudadanos, mientras que a cada comunidad autónoma le corresponde determinar las máximas, en ejercicio de sus competencias.

En respuesta a estas intervenciones, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, declaró a Servimedia que son "patéticas" las acusaciones a su grupo parlamentario, con las que los tres grupos intentan "escabullir" el principal problema político, la vulneración del Estatuto de Cataluña.

Campuzano denunció que "España y Cataluña tienen la izquierda más antigua de toda Europa, porque la izquierda europea hace tiempo que ha hecho compatible la libertad con la igualdad", mientras que el acuerdo alcanzado para la Ley de Dependencia demuestra que no contemplan la libertad de elección de los ciudadanos.