En un comunicado difundido hoy, la Ejecutiva de Comisiones asegura que este proyecto de ley sitúa al Gobierno de Felipe González entre los más autoritarios de Europa.

Según la central, el Ejecutivo pretende implantar una triple sanción al movimiento sindical, consistente en multas administrativas, despidos de huelguistas y responsabilidades económicas o indemnizatorias de los sindicatos frente a terceros.

A juicio de los responsables de CCOO, l proyecto del Gobierno busca anular en la práctica el ejercicio del derecho de huelga, en contra de la doctrina constitucional.

PROPUESTA SINDICAL

Comisiones critica al Ejecutivo por haber ignorado la propuesta de regulación de la huelga en los servicios esenciales presentada por los sindicatos y le acusa de haber desperdiciado "una ocasión histórica para regular, de forma negociada, el derecho de huelga en nuestro país".

Este sindicato insiste en que la propuesta de regulación de la huelga delos sindicatos, que califica de "razonable, moderada y técnicamente rigurosa", habría permitido garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad en casos de paros y el derecho de los trabajadores al ejercicio del derecho de huelga.

CCOO acusa al Ejecutivo de haber emulado a los gobiernos más reaccionarios y autoritarios de Europa aprobando "alevosamente" un proyecto de ley que sitúa las consecuencias jurídicas de ejercer el derecho de huelga al mismo nivel que las derivadas deun accidente de trabajo, "a excepción lógicamente de la responsabilidad penal, pero manteniendo la administrativa (multas o sanciones)".

Para CCOO, el Gobierno ha regulado la huelga no con la lógica jurídica de un derecho fundamental, "sino con la filosofía de constituir una grave infracción legal". Así lo demuestra, a su juicio, que la calificación de un servicio como esencial dependa sólo del arbitrio gubernativo y que sea el Gobierno quien fije unilateralmente los servicios mínimos en caso de huelg y la plantilla necesaria para cubrirlos.

Finalmente, la central sindical lamenta que después de varios años de democracia y de vigencia de la Constitución, "el Gobierno de Felipe González proyecte una ley de corte autoritario y represivo, incompatible con lo que debe entenderse como un derecho fundamental, cuyo ejercicio debe proteger la ley y no reprimir ni castigar".