Según dichas organizaciones, estos recortes podrían suponer que un millar de niños y adultos con discapacidad del Estado dejarían de recibir la asistencia necesaria para poder seguir viviendo en sus hogares, y conllevar la pérdida total o parcial de los servicios de los que se benefician unos 200 niños con autismo.

También privarían a otro millar de personas de la atención en centros de día que ahora reciben, o de su trabajo en empresas de empleo protegido.

Asimismo, los representantes del movimiento asociativo de la discapacidad denuncian que la menor financiación incrementará la demora para ingresar en residencias y beneficiarse de servicios de respiro familiar, que ahora tienen 3.600 personas en sus listas de espera.

Los recortes presupuestarios también ponen en riesgo el empleo de los profesionales que prestan asistencia a personas con discapacidad intelectual de Massachusetts, añaden los responsables de dichas asociaciones.