Indican que han fracasado en el Congreso de los Diputados estas propuestas "para que se aprobara poner en marcha la llamada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en unas condiciones que podrían acabar afectando a la totalidad de las mutualidades, a todos los profesionales que hasta ahora tienen el beneficio de la alternatividad y a las generaciones futuras que podrían perder este derecho de elegir cotizar en su mutualidad".

A través de las redes sociales, numerosos profesionales reclaman que no se acabe con la libertad de elección de los mutualistas sobre la alternatividad, para poder seguir cotizando a sus mutualidades y tener así los derechos que les amparan para recibir sus pensiones de jubilación.

Consideran que, ante esta situación, la defensa de la libertad de elección de los profesionales entre sus mutualidades y el RETA de la Seguridad Social gana fuerza y sostienen que muchos abogados, arquitectos, médicos, ingenieros, gestores administrativos, entre otros colectivos profesionales, defienden que el sistema alternativo que históricamente proporcionan sus mutualidades hace posible "de manera más flexible todas las coberturas necesarias para un autónomo, como son la jubilación, invalidez permanente, fallecimiento, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, acogimiento familiar permanente y riesgo del embarazo. Para estas coberturas exigidas en el ámbito de la previsión social, los profesionales reconocen que sus mutualidades ofrecen condiciones más flexibles y adaptables a las necesidades de cada uno, destacando, entre otras, la posibilidad de elegir cómo cobrar la jubilación (renta, capital, etc.) o designar beneficiarios para el fallecimiento, así como reforzar diferentes prestaciones, según el momento vital."

Ante la posibilidad de que en 2027 se pueda poner fin a la posibilidad de elegir la mutualidad alternativa en lugar del RETA, estas fuentes reivindican mayoritariamente "que se mantenga la libertad de elección y que no se perjudique al futuro de los nuevos mutualistas ni a sus derechos".

Asimismo, indican que la llamada “pasarela” podría suponer "un menoscabo para el sistema público, en tanto que demandan que no se tenga en cuenta la cuantía de sus cotizaciones para el cálculo de su pensión, sino sólo los años en los que realizaron sus aportaciones, alejándose así de las exigencias que la Seguridad Social impone a sus cotizantes".