"Los ciudadanos van a considerar inaceptable el pago anticipado de los servicios, ya que ello generaría inequidad en el acceso, al discriminar la elección en función de la capacidad de pago y, en este aspecto, el Gobierno de España no puede estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión", afirmó Jiménez durante su intervención en la reunión de ministros de Salud que se está celebrando en Suecia.

A su juicio, la propuesta de directiva "no es adecuada ni para las necesidades de los ciudadanos, ni para la sostenibilidad de los sistemas de salud".

Según Jiménez, el texto, aprobado en primera lectura por el Parlamento Europeo, abre una nueva vía, en lo relacionado con la movilidad, que cohabita con los reglamentos de la Seguridad Social, con lo que genera "incertidumbre e inseguridad jurídica".

Para España, dijo su ministra, el gran reto que debería conseguir esta propuesta de directiva sería lograr que haya garantías a los ciudadanos de una atención sanitaria más accesible, de mayor calidad y más segura, "y el texto actual, desgraciadamente, no avanza en esa dirección".

En concreto, España sostiene que lo que la UE necesita es una directiva de servicios sanitarios, que establezca las bases para un espacio común en materia de sanidad en el que los pacientes puedan tener asegurada la movilidad, pero también la calidad, la equidad y la seguridad.