El origen de esta propuesta, que será defendida mañana por Willi Rothley, del Partido Socialista Europeo (PSE), es una iniciativa del Parlamento Europeo de 1995, en la que pedía una directiva que armonizara ciertos aspectos del seguro automovilístico de responsabilidad civil.

El ponente de la propuesta cree que la Comisión ha recogido los principios exigidos por el Parlamento, pero considera que la directiv debe ser de aplicación también cuando el accidente ocurre en un tercer Estado, siempre que se trate de residentes de la Unión Europea (UE) y las dos empresas de seguros involucradas sean comunitarias.

En la actualidad existe un acuerdo de derecho privado entre asociaciones de seguros -la carta verde- para accidentes en los que la víctima reside en el Estado del accidente y el causante del siniestro no, de manera que las aseguradoras se facultan mutuamente para liquidar los daños.

Sin embargo, ese acuerdo no es válido para los accidentes en un Estado distinto al de residencia de la víctima (por ejemplo, un accidente entre un francés y un español en Portugal), lo que, ligado a las dificultades adicionales de la lengua y al desconocimiento de los trámites, provoca que las víctimas reciban con grandes retrasos la liquidación de daños.

Según el ponente, con esta directiva se facilita la ejecución del derecho a compensación de la víctima al introducir canales de contacto entre el damnificado y la mpresa de seguros del causante del accidente. Además, asegura que no se interfiere en la competencia judicial de los estados miembros, ya que el problema no es la protección de las víctimas, sino la aplicación del derecho a la reparación de daños en otros estados miembros.

La propuesta de la Comisión, además, obliga a toda empresa aseguradora que ejerza su actividad en la UE a contratar, en cada Estado miembro, un representante para la liquidación de daños, e introduce mecanismos para facilitar el conacto de la víctima con este representante.