Esta medida beneficia a los productores del plátano canario, así como a otros países europeos que reciben esta fruta tropical de antiguas colonias, ya que garantiza el mantenimiento del precio y de la producción actual.

Las empresas mencionadas, que se dedican a la importación y distribución haia Europa de plátano latinoamericano, tanto en el sector minorista como en el mayorista, se oponen a esta propuesta de la Comisión de establecer un nuevo sistema de cuotas y tarifas arancelarias ya que "supone una grave amenaza para la supervivencia de nuestras actividades", afirmaron.

Las 200 sociedades y la UPEB acusan a España, el Reino Unido y Francia de imponer fuertes restricciones a los plátanos de origen latinoamericanos para proteger artificialmente los altos precios del detallista e incremenar los márgenes de suministradores, importadores y mayoristas.

Las 200 empresas europeas afirmaron que las propuestas de la Comisión conculca los principios de la Convención de Lomé y del Tratado de Roma y que representan "un claro ejemplo de intervencionismo subordiando a los intereses políticos de la Comunidad y de los productores europeos".

Estas empresas mostraron su "indignación y frustración" en una carta dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, donde se le pide que reonsidere esta medida.

Por su parte, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Gauatemala y Venezuela, países integrantes de la UPEB y el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), presentaron una solicitud conjunta para abordar una serie de consultar urgentes con la Comisión Europea, a la vez que informaron de esta iniciativa a Arthur Dunkel, director general del GATT.

Para estos países, la imposición de un sistema de cuotas a los plátanos de origen latinoamericano violaría la cláusula de "país má favorecido" del GATT, según la cual, cualquier medida o trato preferente debe hacerse extensible a todos los países miembros.

Las empresas importadoras temen que la entrada en vigor de esta medida, supondría además que más del 75 por ciento de las licencias para la importación del plátano no serían concedidas a las empresas que tradicionalmente han ejercido esta actividad, sino que serían otorgadas "de forma gratuita" a los denominados operadores comunitarios tradicionales.

Estas sociedades consderaron que "la única lógica de esta propuesta parece ser el mayor enriquecimiento de unas pocas empresas, fundamentalmente británicas, que explotan una posición monopolística y de privilegio en el Reino Unido, en detrimento del consumidor".