La persistencia de esos métodos, especialmente entre la policía española, ha motivado una propuesta de resolución de la citada comisión del PE acerca de la oportunidad de realizar un informe sobre la práctica de la tortura en el Estado español.

Entre la exposición de motivos que recoge la propuesta de resolució, figuran el incumplimiento por parte del Estado Español de la recomendaciones dadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, así como "la connivencia del Gobierno español ante estas prácticas, ya que incluso ha ascendido y condecorado a funcionarios condenados por torturas".

Se refiere a los dos capitantes de la Guardia Civil, José Antonio Hernández del Barco y José Pérez, que como ya informaran los medios de comunicación, ascendieron a cargos de alta responsabilidad, a pesar de que el Tribunal Spremo los inhabilitó por delitos de torturas.

Además, la Asociación contra la Tortura denunció la implicación de más de 500 agentes en 268 casos de lesiones.

Igualmente, la propuesta señala su preocupación por la levedad de las penas impuestas y, en general, por la actitud de pasividad del aparato judicial español, especialmente de la Audiencia Nacional, frente a las denuncias de torturas.

Y también recuerda las 30 detenciones efectuadas entre enero y febrero de 1992 por la Guardia Civil de izcaya, "quién sometió a brutales torturas psíquicas y físicas a los detenidos", así como el caso de Kepa Urra, "hospitalizado tras su detención y, que como consta en el informe forense, fue también torturado en el centro hospitalario".

INTERRROGATORIOS INSEGUROS

Respecto al informe anual de la Comisión, que analiza el respeto de los derechos humanos en la Comunidad Europea, viene a confirmar lo denunciado por AI y que ha sido motivo de una polémica campaña publicitaria: "su costernación ante la exitencia de tales prácticas en Europa durante los interrogatorios o en los establecimientos penitenciarios".

El documento considera que, "cuando dichas prácticas tiene por objeto emigrantes, solicitantes de asilo o personas pertenecientes a grupos minoritarios, pueden sentar un precedente peligroso para la discriminación racial y la xenofobia, debido al hecho de que emanan de los representantes de la autoridad legal".

Estas consideraciones se incluyen en el apartado destinado a analizar los procediientos judiciales y penales, y en el que también se señala que "las violaciones más graves de los derechos humanos que pueden producirse en el curso de la prisión provisional son determinadas prácticas policiales que se utilizan para obtener la confesión de los acusados".

Además, subraya que los tratos degradantes causados durante los arrestos o interrogatorios parecen en determinados casos "el resultado fatal del desarrollo de un comportamiento hostil con respecto a los extranjeros en los medios poliiales".

El comité opina que la persistencia en los medios policiales de las sociedades democráticas de métodos y prácticas inhumanos o degradantes "da un motivo especial para reflexionar sobre la oportunidad y los motivos de la injerencia en el orden interno de los Estados por razones humanitarias".