Los manifestantes recorrieron las principales calles de la capital andaluza reclamando un ley que regule el sector y que acabe con el funcionamiento ilegal de estos vídeos y televisiones.

Según un estudio de la Asociación Seillana de Vídeo-clubes, el 50 por ciento de los vídeos comunitarios ilegales se encuentran en la provincia de Sevilla y suponen un fraude de unos 200 millones de pesetas.

El presidente de los vídeo-clubes de Sevilla, Pedro Desena, manifestó que "nos están ocasionando pérdidas de hasta el 50 por ciento, que en toda España pueden llegar a alcanzar los miles de millones".

La protesta concluyó a las puertas de la Delegación del Gobierno en Andalucía, donde fueron recibidos por el jefe de los servicio jurídicos, Martínez Troncoso, que se ha comprometido a negociar el asunto con los afectados en los próximos días.