Una delegación de los manifestantes hizo entrega de una carta dirigida al presidnte del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en la que aseguran que la LAU establece "notorios privilegios para los inquilinos y deja en situación de real indefensión a los arrendadores".

A su juicio, esa ley supone "el práctico 'secuestro' por los inquilinos de nuestras propiedades arrendadadas, dada la ilimitada vigencia de los contratos y su prolongación en subrogaciones, sujetas muchas veces a toda suerte de picarescas".

El escrito indica asimismo que sólo "demagógicos tópicos permiten ignorar que son "numerosísimos los propietarios en situación económica muy modesta e incluso no faltan los que se encuentran camino de la ruina, víctimas de situaciones muy injustas pero que la ley ampara".

Portavoces de las asociaciones de propietarios consultados por Servimedia indicaron que, aunque no pretenden buscar un enfrentamiento con los inquilinos, entienden que si el Gobierno no quiere que paguen precios más realistas, debe ser el quien subvencione la diferencia, y no los caseros. Los propietarios afectados por esta situación son unos 250.000. Según sus estimaciones, hay más de 530.000 contratos de renta antigua en toda España con alquileres inferiores a las 5.000 pesetas mensuales, en los que los propietarios deben hacerse cargo de los impuestos, a los niveles de 1992.

La Federación Estatal para la Defensa y el Fomento de la Propiedad Inmobiliaria ha anunciado que, en el caso de que el Tribunal Constitucional resuelva negativamente sus recursos, interpondrán otro ante el ribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.