Así lo señaló hoy el secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) de España, Manuel Martí Ferrer, durante su intervención en una jornada celebrada en Madrid por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, donde exigió "que desaparezca del texto" la citada medida.

A este respecto, criticó la "falta" de normas que aumenten la seguridad jurídica y garanticen a los propietarios el cobro de las rentas, así como el desahucio "inmediato" de los mismos en caso de impago, lo que "dilata el proceso en el tiempo" y permite la existencia de "morosos profesionales", que van de casa en casa sin abonar sus mensualidades.

Por ello, solicitó la creación de un registro de inquilinos que no paguen sus deudas, para lo cual sería necesario reformar la Ley de Protección de Datos, o bien la existencia de una lista de "buenos pagadores", que oriente a los propietarios sobre las intenciones de sus arrendados.

"El problema se basa en la falta de confianza, por lo que es necesario acometer una actuación impactante que permita a los propietarios estar tranquilos, en lugar de realizar un borrador de reforma que habla de expropiaciones", indicó Martí Ferrer.

Además, defendió la creación de incentivos fiscales a los arrendadores empresariales, así como las medidas orientadas a los particulares que quieren poner en el mercado del alquiler sus inmuebles, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

No obstante, manifestó la necesidad de aplicar de manera efectiva los desahucios cuando el inquilino no puede acreditar el pago de sus cuotas, además de solicitar un sistema de notificaciones "más ágil" que facilite la salida de los pisos "ocupados", atendiendo a las familias a través de algún tipo de órgano de asistencia social.

CUPOS DE VPO

Finalmente, el secretario general de la APCE cuestionó la bondad de los cupos de viviendas protegidas existentes en diversas comunidades autónomas, que obligan a los promotores a dedicar una parte del suelo urbanizable a construir este tipo de inmuebles.

A este respecto, citó el ejemplo del País Vasco, comunidad autónoma donde el Gobierno regional ha fijado en el 65% la tasa de suelo dedicado a vivienda protegida en las nuevas promociones, "lo que ha provocado que se realicen 7,6 pisos protegidos por cada 1.000 habitantes, es decir, la mitad de la media española".

"Los promotores no se atreven a apostar por tantas viviendas de protección, porque la repercusión que tiene esta cuota sobre el precio de los pisos del mercado libre genera miedo a no poder rentabilizar las operaciones, y los profesionales se marchan a otras zonas de España. Estímulos sí, imposiciones no", concluyó Martí Ferrer.