Las Asociación de Gestores de Cooperativas de Vivienda (AGECOVI), la Unión de Cooperativas de Madrid (UCOVI) y la Asociación de Promotores de Vivienda Social (AVS) mantuvieron una reunión en la que decidieron solicitar a los bancos y cajas de ahorro que cumplan la ley en la financiación de las viviendas sociales, así como dar a conocer a la Administración este problema.

Las limitaciones que los bancos aplican tanto a os solicitantes como a los promotores de estas viviendas se centran en otorgar una cuantía máxima de los préstamos por debajo de la establecida por el Plan de Vivienda, así como plazos de concesión más largos a los marcados por la ley.

Asimismo, a los solicitantes de vivienda se les suele pedir un contrato laboral indefinido, ya que las entidades financieras ponen trabas si es temporal. También es una práctica común la petición de un aval personal, lo cual tampoco está recogido en la legislación.

Orencio Osuna, presidente de AGECOVI, Juan José Soriano, presidente de UCOVI y Fernando Ubeda, presidente de AVS, destacaron que hasta ahora la Administración y los agentes sociales han realizado un gran esfuerzo, que no ha sido compartido por las entidades financieras.

Los tres dirigentes mostraron su "preocupación" por el desfase que están provocando cajas de ahorro y bancos, y dijeron que se iban a poner a trabajar en común para presentarles un documento que recoja un código de conducta para la conesión de los créditos.

A juicio de los promotores y cooperativas, esta actitud de las entidades financieras está provocando retrasos y pérdidas económicas, ya que "se resiente la toma de decisiones".

FONDO DE GARANTIA

También solicitarán la creación de un fondo de garantía, para mantener la solvencia de un comprador de vivienda que en un momento dado no puede cumplir con los compromisos contraídos.

Durante un tiempo el fondo se encargaría de pagar su vivienda, y luego el particular devolveía este dinero al fondo. Este mecanismo de garantía estaría financiado por los promotores, constructores y usuarios.

De esta forma, las asociaciones mencionadas creen que los bancos y cajas de ahorro sufrirían menos riesgos y tendrían más confianza a la hora de otorgar créditos, y por su parte los compradores dispondrían de más tiempo para evitar que les incauten la vivienda que está pagando.