Este proyecto, que ya quedó paralizado hace dos años por la convocatoria de las pasadas elecciones generales, volverá a erse paralizado a la vuelta de las vacaciones ya que está previsto que a primeros de enero se disuelvan las cámaras legislativas debido a los nuevos comicios de marzo.

Por esta circunstancia, la secretaría de Estado de Vivienda, que dirige Cristina Narbona, volverá evitar, como ocurrió hace dos años y medio, la agria polémica suscitada por este proyecto de ley, para el que constructores y promotores expresaron su rechazo debido al encarecimiento que conllevará en el precio final de las viviendas.

En concreto, fuentes de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE) han llegado a indicar a Servimedia que la pretensión del MOPTMA de exigir avales y seguros sobre la edificación conlleva unos costes que podrían elevar el precio de las viviendas hasta en un 6%. Ese porcentaje supondría unos 120.000 millones al año, según cálculos que realizaron en 1992 con el primer intento legislativo del Ministerio en esta materia.