En una entrevista con Servimedia, la representante de los promotores inmobiliarios de Madrid afirma que será “muy duro” que el partido a la izquierda del PSOE pueda reclamar las competencias en materia de vivienda pese a que su peso en el Ejecutivo pueda ser menor por sus peores resultados electorales porque desde la formación “hablan un lenguaje ideológico y nosotros hablamos de un lenguaje de gestión empresarial”.

Roca señala que un Gobierno “de extrema izquierda” que ha hecho “bandera de la vivienda” es “lo peor” que le ha podido pasar al sector productor porque, aunque la intención sea “buena”, desconocen los “equilibrios” del sector y su gestión. La empresaria subraya, además, el “dogmatismo” del partido pese a los intentos del inmobiliario por explicar que, por ejemplo, la limitación del precio del alquiler provoca que los precios suban.

La representante de Asprima coincide con el diagnóstico del Ejecutivo de que la vivienda es un pilar del Estado de bienestar, pero matiza que mientras la educación, la sanidad y las pensiones se financian con fondos públicos, la vivienda la realiza la iniciativa privada. “Es algo que no quieren entender. Nos dicen que la vivienda la tiene que hacer la administración”, se lamenta.

En cuanto a la Ley de Vivienda, Roca cree que se revisará porque “aquellos que estuvieron en la cocina de la ley” -en referencia a ERC y al PNV, que la estuvieron negociando con el Ejecutivo- se han pronunciado en contra porque es un texto que “puede invadir competencias”. Esta semana el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra la norma presentados por el PP, el Parlamento de Cataluña y por los consejos de gobierno de las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares y Madrid.

Entre estas cuestiones, la representante de la patronal promotora señala como puntos que podrían considerarse competencia de las comunidades autónomas el tiempo de protección de las viviendas protegidas o el porcentaje de vivienda protegida destinado a alquiler. “Eso es política de vivienda. Deja que la haga la comunidad autónoma que es la tiene competencias. Creo que hay muchas cosas pendientes”, afirma.

Para Roca, el texto “no tiene ningún sentido” y no constituye una Ley de Vivienda porque compila diversas modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Suelo. “Estaríamos más tranquilos con una derogación”, indica la empresaria, que reconoce que tras las elecciones este escenario no va a producirse, por lo que habrá que “trabajar” en mejorar “determinadas cuestiones muy técnicas”.

TRANSITORIEDAD

Una de estas cuestiones sería la aclaración sobre los procesos urbanísticos afectados por la obligación el incremento de los porcentajes que se deben destinar a vivienda protegida. Según Roca, esta cuestión no estaba en el borrador de la ley hasta la última reunión y el sector lo conoció a través de los medios de comunicación.

“No se puede introducir una modificación de la Ley del Suelo de ese calado sin tener medido qué consecuencias económicas tiene, pero desde luego lo que no se puede hacer es meter una modificación tan importante sin establecer un régimen transitorio sobre a cuáles proyectos afecta y a cuáles no”, apunta.

Según Roca, el Gobierno estaba de acuerdo con introducir esta aclaración, pero rechazó la enmienda del PP en el Senado para no retrasar su aprobación y que pudiera aprobarse antes de las elecciones autonómicas y locales del pasado 28 de mayo. Con ello, les quedó “claro” que serían las comunidades autónomas quienes determinen esa transitoriedad.

VIVIENDA PROTEGIDA

La empresaria critica que las 184.000 viviendas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez son insuficientes porque la administración pública tiene “una capacidad mínima de desarrollo” e insiste en que la vivienda protegida es, en su gran mayoría, de iniciativa “100% privada”. En España, las solicitudes de calificación provisional de vivienda protegida han pasado de un máximo de 99.064 en el año 2008 a apenas 1.638 en 2022, según datos del Ministerio de Transportes.

Una de las cuestiones que ha influido en el desplome de construcción de este tipo de vivienda es la actualización de los precios a los que se puede vender este tipo de construcciones. Roca subraya que 12 comunidades autónomas han actualizado sus precios “de manera responsable” e incluso en Cataluña se han indexado al IPC.

“Para nosotros, con lo complicado que es atraer la inversión ahora, como mínimo los números tienen que salir”, se lamenta la presidenta de Asprima, que acusa a la Comunidad de Madrid de no tener la “valentía” para afrontar esta actualización de precios “por miedo a la crítica mediática”. Para Roca, esta crítica no tiene sentido, ya que lo que se consigue es que no se construya vivienda protegida.

Una de las novedades de la norma aprobada el pasado mes de mayo fue la calificación permanente de este tipo de viviendas, de tal manera, que no se podrán vender a un precio libre transcurrido un número determinado de años. Roca se muestra de acuerdo con esta cuestión, aunque señala que no hay tanta “diferencia” entre esta calificación y una protección de 30 años, que era mayoritaria en muchas comunidades autónomas. Aunque no lo era en Madrid, donde durante dos planes de vivienda se rebajó el período de protección a 15 años.

La presidenta de Asprima afirma que no se va a reducir la demanda de vivienda protegida por la calificación permanente y le parece bien “lanzar el mensaje” de que la sociedad hace “muchos sacrificios” para poner en el mercado vivienda a precio asequible y el que se “beneficia” de ello no ha aportado “nada” a esa cadena de valor.

En cambio, para la vivienda de alquiler protegida, la representante de los promotores madrileños sí se muestra en contra de la protección permanente porque atraer inversión para este tipo de vivienda es “muy complicado”.