En concreto, la Ley en su artículo 11 dispone que "en el proceso de declaración de idoneidad, se prohíbe cualquier discriminación por razón de discapacidad o cualquier otra circunstancia."

La prohibición de discriminación por razón de discapacidad obedece a una demanda del CERMI, recogida por el Ministerio de Justicia, autor del proyecto de ley. En los últimos años, el CERMI había recibido varias quejas y denuncias de personas con discapacidad que consideraban que esta circunstancia había operado de modo negativo a la hora de declarar su idoneidad para adoptar.

La idoneidad, según la Ley, es la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la patria potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción internacional.