El Ministerio de Educación y Ciencia informó hoy de que los docentes de religión se regirán por el Estatuto de los Trabajadores y de que, para retirar la llamada "venia docendi", el obispo "deberá comunicar a la Administración Educativa la decisión y motivarla por escrito conforme a derecho, no siendo justificables motivos que conculquen derechos fundamentales básicos de las personas".

En declaraciones a Servimedia, Ramírez afirmó que "esto es una puerta falsa para que los obispos sigan haciendo y deshaciendo a su capricho, por mucha motivación que tengan que presentar".

A su juicio, la facultad de los obispos para capacitar al profesor es previa a la relación laboral. Pero, una vez que hayan propuesto al profesor, "no deben seguir controlando en la relación laboral", puesto que "esta facultad es exclusiva de la Administración"

"El profesor de Religión presta servicio a la Administración, no a la jerarquía de la Iglesia, puesto que estamos hablando, no de catequesis en parroquias, sino de centros educativos públicos, pagados con dinero público", añadió Ramírez.

Por ello estimó que, si un obispo ve que alguien no es adecuado para impartir clase de religión, debe comunicárselo a la Administración, para que ésta tramite el expediente correspondiente.

"El Estatuto de los Trabajadores no reconoce ninguna facultad a terceros, sino que la relación laboral es entre el empresario y el trabajador. Cualquier acuerdo laboral debe hacerse entre la Administración y los representantes del profesorado de religión. Pero, hasta la fecha, a esta federación no nos han convocado para dialogar, sino que se han limitado a negociar con la jerarquía, que no es parte laboral", concluyó.