Hasta la entrada en vigor de la LOTSE, la responsabilidad de la educación en los establecimientos penitenciarios correspondía a la Administración penitenciaria, pero a partir de la aprobación de dicha ley, la educación en el ámbito penitenciario se incardina en el sistema educativo general.

A partir de ahora, los funcionarios afectados por este real decreto quedan sometidos a la legislación que, en materia de función pública, rija para los funcionarios perteecientes al Cuerpo de Maestros.