Según la citada organización, el ministro "camina por una senda de autoexclusión de los cánones fijados por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, cuyo artículo 10.2 reconoce explícitamente el derecho a la objeción de conciencia".

"Equiparar el derecho a la objeción de conciencia con la desobediencia civil solamente puede realizarse por ignorancia o mala fe", asegura en una nota Profesionales por la Ética.

Agrega que no cree que un jurista como el ministro Caamaño desconozca la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la objeción de conciencia. Por ello, considera que "sus declaraciones solamente pueden ser interpretadas como un avance del programa del actual Gobierno nacional por atenazar progresivamente la libertad religiosa y de conciencia en España en todos aquellos aspectos contrarios a sus pretensiones ideológicas radicales".

Asimismo, Profesionales por la Ética exige al ministro "respeto íntegro a los derechos constitucionales de los profesionales sanitarios, sin discriminación alguna por razón de ideas o creencias, y una rectificación en la que exprese que todo acto o norma ministerial acatará la jurisprudencia constitucional".