El Gobierno aprobó el pasado mes de agosto este real decreto para impedir la publicidad y promoción abusiva de estos productos, que en ocasiones infringe la veracidad.

La Federación Naconal de Empresas de Publicidad entiende que la norma lesiona gravemente sus intereses, ya que antes de anunciar un producto de pretendida finalidad sanitaria se debe solicitar autorización al Ministerio de Sanidad y Consumo, que deberá responder en un plazo de tres meses, o de seis en el caso de que el número de solicitudes sea muy amplio.

Los publicistas argumentan que este tipo de trámites obstaculizan su labor y facilitan la posibilidad de filtraciones a la competencia en determinadas campañas publcitarias.

Además, el decreto contiene importantes limitaciones, ya que prohibe la publicidad que atribuya efectos preventivos o terapéuticos y que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas.

Asimismo, impide la publicidad que haga referencia a la prevención o curación de enfermedades transmisibles, la que se refiera a su uso en centros sanitarios o a su distribución a través de farmacias, la que pretenda sustituir el régimen de alimentación o nutrición, la que atribuya a os productos cosméticos propiedades distintas de las reconocidas en su normativa y la que sugiera o indique que su uso potencia el rendimiento físico, psíquico, deportivo o sexual.

El decreto también impide amparar la publicidad de estos productos mediante actividades de diagnóstico o prescripción a través de cualquier medio de comunicación.