La Fiscalía de Sevilla ha abierto una veintena larga de expedientes, con arreglo a la información descubierta por la Agencia Nacional del Aceite y que ha sido remitida a la justiia.

Las primeras conclusiones apuntan a que la intención era atribuirse una producción muy superior a la media. Incluso se da el caso de una supuesta parcela productora que, en realidad, es una urbanización.

Agralsa, sociedad en la que aparece como apoderado el delegado del Instituto del Comercio Exterior (ICEX) en Andalucía, es el núcleo central del entramado, puesto que es la intermediaria en la compra de aceite a sociedades interpuestas, radicadas en Sevilla, sobre todo en la localidad de Olivres, y en Huelva.

Estas empresas se atribuían una producción sospechosamente alta, de hasta ocho y diez veces por encima de la media habitual en zonas similares.

Generalmente, estas sociedades no pudieron acreditar suficientemente la venta del aceite, el transporte de la aceituna o la mano de obra utilizada. Sí que aportaron como justificante documentos expedidos por almazaras que también están bajo sospecha, por presunta falsificación.

Las solicitudes de subvención remitidas a la justicia feron realizadas en la campaña agrícola 1994-1995 y su importe oscila entre los tres y los 156 millones de pesetas. Suponen, globalmente, 1.100 millones de pesetas.