Según Prodeni, la actuación de la Administración de Justicia de Salamanca fue "negativa" para el pequeño desde que fuera retirado hace tres año por orden judicial de la familia soriana a la que había sido dado en preadoción, y devuelto a su madre que padece un trastorno bipolar.

El niño está internado en el centro de menores María Dolores Pérez Lucas desde que el miércoles pasado el departamento de la Comunidad de Madrid competente en materia de menores entregara a Diego L.B a los servicios sociales de Castilla y León, quienes comunicaron la situación al juzgado, que decretó el ingreso del niño en el centro, tras ser hallado con su madre pidiendo limosna en el Metro de Madrid.

El menor permaneció 12 días bajo l tutela de la Comunidad de Madrid hasta que el pasado día 8 de octubre fuera puesto a disposición de la Junta de Castilla y León. Los motivos que llevaron a las autoridades madrileñas a declarar la situación de desamparo del crío, que en enero cumplirá cinco años, fue el conocimiento de unos "hechos violentos" protagonizados por la madre.

Según ha explicado la consejera de Familia de la Junta de Castilla y Leon, Rosa Valeón, el pasado 23 de septiembre la madre biológica pidió a la Gerencia de Salamanc que se hiciese cargo de la custodia porque se iba a marchar de viaje, "aunque finalmente optó por llevarse con ella a Diego".

Tras someterle a una revisión médica, los expertos certificaron que el niño "no ha estado desprotegido en ningún momento y nunca se han detectado problemas físicos o psíquicos".

El titular del Juzgado de Instrucción número seis de Salamanca, Luciano Salvador, será el encargado de decidir sobre el futuro del niño en el caso de que la Administración regional reclame nuevamete su tutela.

El matrimonio soriano que durante meses lo preadoptó se muestra dispuesto a acogerlo por segunda vez. Por su parte, la madre biológica, Margarita Bernal, negó que hubiera pedido limosna en el Metro de Madrid en compañía de su hijo.

Por su parte, la asociación Amigos de Diego exige que se pongan a disposición del niño "todos los medios humanos y materiales para que se recupere de esta dura etapa que ha pasado, así como para dotarle de la estabilidad afectiva y emocional y de la segurdad física que todo niño precisa para que no vuelvan a repetirse episodios como los ya vividos".

Además, exige "responsabilidades a todos los estamentos, comenzando por el juez, siguiendo por la fiscal de Salamanca del caso y terminando por aquellos escasísimos profesionales en los que encontró excusa Luciano Salvador para resolver en el sentido en que lo hizo, no prestando atención a los numerosos y prestigiosos profesionales de sectores tales como educación, servicios sociales, psicología y psiquiatía infantil que se pronuncian en favor del niño".

El menor fue entregado en régimen de acogimiento con fines preadoptivos, a los pocos meses de nacer, a una familia de El Royo (Soria), debido a la enfermedad mental de sus padres, a los que la Junta retiró la tutela.

Posteriormente la madre biológica recurrió esta decisión y el juzgado decidió, en octubre de 2000, separar al niño de su familia adoptiva soriana e ingresarle en un orfanato de Salamanca para que estuviera cerca de M. B., a quien se l estableció un régimen de visitas.

Sin embargo, nada más regresar a Salamanca, el juez decidió entregar en acogida al niño a una hermana de su madre, quien renunció a los pocos días, por lo que Diego L.B. fue institucionalizado.

En pasado mes de noviembre, la Audiencia Provincial de Salamanca dictó una sentencia en la que establece que el niño viva con su madre biológica, con la que permaneció hasta ser encontrados ambos pidiendo en el Metro de Madrid.