Tanto Joaquín Otero como Concepción Farto, procuradores de esta formación política, se encuentran suspendidos en su condición de parlamentarios regionales hasta que juren acatamiento al Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

La Unión del Pueblo Leonés ha dado una semana de plazo al presidente de las Cortes castllano-leonesas, Manuel Estella, para que rectifique su postura de rechazar la fórmula utilizada por los dos procuradores de UPL, ya que de lo contrario "no firmaríamos el acta de constitución de la mesa de las Cortes, con lo que todo el proceso de constitución del Parlamento regional podría anularse", según dijo Otero.

Añadió que "si no firmamos, no habrá fedatarios de lo que allí ha ocurrido, por lo que la constitución de la mesa de edad de las cortes es nula, lo que implica también la nulidad de la esa definitiva y por tanto de las Cortes regionales".

Los leonesistas anunciaron que si Manuel Estella no cambia de actitud, emprenderán acciones legales contra él por los delitos de coacción y prevaricación, y acudirán al Tribunal Constitucional, al Procurador del Común, (defensor del pueblo de esa región), al Defensor del Pueblo, al fiscal general del Estado y al presidente del Parlamento Europeo.

Por su parte, Manuel Estella afirmó que, aunque los procuradores leoneses no firmen el acta de la esa de edad, "no se paralizará el proceso de constitución, ya que en todo caso esta atribución corresponde al secretario de la Cámara".

La situación creada no priva de la condición de procuradores electos a los leonesistas Otero y Farto, pero no tendrán los derechos del resto de procuradores, según expertos juristas.

Catedráticos de Derecho de las Universidades de Valladolid y Salamanca coincidieron en señalar que tanto el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como la jurisprudencia de Tribuna Constitucional reconocen la condición de procurador en el instante en que se produce el juramento "y no se entra a valorar el resto del contenido del mensaje".

Según José Luis Cascajo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, el procedimiento utilizado por los procuradores de UPL es correcto, "ya que, en principio, se ha cumplido el requisito número 3 del artículo del reglamento de las Cortes de Castilla y León, que consiste en prestar juramento o promesa de acatar la Contitución y el Estatuto de Autonomía, que debe ser entendido como un acto de respeto y no de adhesión ideológica o conformidad a sus total contenido".