Según informó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el nuevo real decreto-ley contiene más de 60 iniciativas coordinadas por este departamento para garantizar los derechos de las personas y empresas afectadas en el ámbito judicial.

La norma establece que tendrán tramitación preferente las acciones civiles fundamentadas en daños causados por la riada y los procesos laborales por despido o extinción de contrato por fuerza mayor y causas económicas derivadas del temporal en empresas beneficiarias de ayudas directas.

Las personas deudoras y licitadoras podrán solicitar la anulación de subastas judiciales y notariales por causas relacionadas con la DANA, además de poder reclamar la devolución de la tasa del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

PLAZOS Y RECURSOS

El decreto establece el reinicio del cómputo de plazos procesales tras levantarse la suspensión en los juzgados valencianos afectados. También amplía los plazos para presentar recursos contra sentencias notificadas durante la suspensión o en los 20 días posteriores.

Las empresas afectadas podrán celebrar reuniones de órganos de gobierno por videoconferencia y se suspende hasta el 30 de junio de 2025 la obligación de formular cuentas anuales, con tres meses adicionales desde esa fecha para presentarlas.

Se permite modificar la propuesta de aplicación de resultados a sociedades que convoquen junta general tras la entrada en vigor del decreto. Los socios no podrán ejercer el derecho de separación hasta junio de 2025.

El plazo para que los deudores en insolvencia soliciten concurso o negocien con acreedores se amplía hasta el 31 de diciembre de 2025, ya sea para planes de reestructuración, continuación o su homologación.