Cuenca, que intervino en un encuentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense e Madrid sobre "El Futuro de la Empresa Pública en España", dijo que "está claro que si lo único que hacemos es vender las empresas rentables, el efecto será paliar el déficit este año, pero lo aumentará al siguiente".

Según el responsable del INI, "es indudable que si al mismo tiempo no se logra racionalizar las pérdidas, el Estado seguirá teniendo al cabo de un año las mismas pérdidas que tiene ahora y, por tanto, seguirá aportando fondos".

"Sin embargo", añadió, "no volverá a recibir los dividndos que le suponen las empresas que actualmente son rentables y, por tanto, la cuenta no sale".

Miguel Cuenca reconoció que el programa de privatizaciones de mepresas públicas anunciado el pasado mes de julio por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, con el que pretende obtener unos recursos extraordinarios de 500.000 millones de pesetas para reducir el déficit público, "es necesario, no sólo en este país, sino en el resto de Europa".

"Lo que yo digo", explicó, "es que hay que priatizar parte del patrimonio del Estado, mediante la venta de participaciones en las empresas públicas, pero al mismo tiempo hay que llevar a cabo una política activa de reducción de pérdidas en los sectores y empresas deficitarias".

Para poder desarrollar esa estrategia, continuó, deben destinarse todos los medios y recursos que hagan falta porque "si no se hace así, no conseguiremos las cuentas que nos proponemos, en definitiva, reducir el déficit a corto y medio plazo".

En su intervención, el vcepresidente del INI hizo una defensa contundente de la empresa pública en España y llegó a afirmar que "si desaparece la empresa pública, en diez años habrá desparecido la empresa industrial o, al menos, la gran empresa".

A su juicio, carecen de sentido las críticas que argumentan la extralimitación de funciones del Estado, cuando entra en el capital de una sociedad, o aquellas otras que hablan del tamaño desmedido del INI como causa de sus problemas financieros.

La política emprendida por el IN de llevar a una gestión basada en criterios de rentabilidad para la mayoría de sus activos, y la comparación de este grupo empresarial del Estado con sus competidores del área comunitaria, no permiten distinguir ya entre gestores públicos y privados en una empresa.

También denunció la escasa ortodoxia de quienes critican al INI con denuncias de poca transparencia en la gestión de los recursos públicos que percibe, y advirtió que mientras a las empresas estatales de la CE se les exige una total claridd en sus cuentas, a las privadas se les supone la inocencia.

Para argumentar esa "protesta", Cuenca cuestionó si no existe intervencionismo estatal cuando se reclama del Gobierno el mantenimiento de unos tipos de interés bajos para ayudar a las exportaciones, o cuando se subvencionan programas de inversión para el desarrollo de nuevas líneas de producción. "No existe un límite claro entre los que debe ser empresa pública y privada", añadió.

PROCESO GENRALIZADO

Por su parte, el director del Insiuto Empresa, Manuel Escudero, dijo que el proceso de privatizaciones anunciado por el equipo económico del Gobierno es una práctica generalizada en Europa, aunque sus motivos son diferentes en los antiguos países del Este que en los estados desarrollados de occidente.

Según Escudero, mientras que los gobiernos del antiguo sistema comunista venden empresas públicas por el colapso del sistema de economía estatalista al que han estado sometidos, en la Europa tradicionalmente capitalista responde a necesiades de reducción de los déficits públicos impuesta por la Convergencia.

No obstante, aseguró que el plan previsto para España tendrá, necesariamente, unos efectos menos traumáticos que en sus socios de la CE, ya que este país es donde más lejos se han llevado las privatizaciones de toda Europa.

Además, señaló que en España la contribución de recursos del sector público al conjunto de la Economía es inferior al de otros países como el Reino Unido o Francia, y añadió que los criterios que ahora seplantean como nuevos sonlos que siempre han imperado en esta política entre 1985 y 1990, mejorar la gestión, liberar sociedades sin un entronque claro conel resto del INI o del Patrimonio o elevar los recursos públicos disponibles.