Puig explicó que el objetivo de esta campaña "En defensa de lo público, por el empleo y la cohesión social" es "impulsar en los sectores y empresas un proceso de movilizaciones que sin duda se va a tenr que hacer". Indicó que esta campaña se desarrollará a nivel confederal, de federaciones, de uniones territoriales y de empresas.

Ferrer explicó que, a partir de la asamblea del día 10, la respuesta será "ascendente. Es el inicio de una batalla que tendrá plasmación en cada una de las empresas y sectores para garantizar el empleo". A este respecto, Puig indicó que es el inicio de "un proceso largo y tortuoso, que nos exige medir las fuerzas y ver qué se hace en cada empresa".

Los responsables sidicales indicaron que lo que está en discusión con el plan de privatizaciones de empresas públicas y servicios públicos no es sólo el papel del Estado, sino "todo un modelo de construcción de la sociedad, que nos ha permitido tejer una red de solidaridad social y servicios públicos redistributivos de riqueza que permiten hablar de cohesión social", señaló Puig.

Ferrer insistió en que este modelo de sociedad "no debe estar sujeto a los cambios políticos del momento", y aseguró que con las privatizacions no se logrará una mayor eficiencia económica. A juicio de los sindicatos, la privatización de empresas como Argentaria, Tabacalera, Telefónica, Repsol y otras sólo servirá para "poner en manos privadas ingresos seguros para el Estado".

PRIMER HACHAZO AL DIALOGO

Los líderes sindicales, que exigieron transparencia en las privatizaciones, advirtieron al Gobierno que el plan de privatizaciones no facilita el diálogo social. "El proceso de diálogo social es un árbol que todavía no ha dado frutos y al qe se le mete con las privatizaciones el primer hachazo", indicó Puig.

"Confiamos en que no haya más hachazos que hagan que el árbol se caiga y podamos recoger algunos frutos del proceso de diálogo social", agregó Puig. Para Ferrer, el plan de privatizaciones "debilita" el diálogo social, porque "el Gobierno demuestra una escasa confianza en los resultados del diálogo".

En su Propuesta Sindical Unitaria en Defensa del Sector Público Empresarial, que han plasmado en un documento, UGT y CCOO defiendn la importancia estratégica de la empresa pública y aseguran que los efectos de las privatizaciones son más negativos que positivos, al tiempo que exigen que las privatizaciones se aprueben por ley y sean discutidas por el Parlamento.

UGT y CCOO cierran su documento advirtiendo al Ejecutivo que el camino de las privatizaciones elegido "sólo puede terminar provocando la movilización de los trabajadores, utilizando para ello las distintas medidas de presión adecuadas a cada ámbito y la necesaria coordiación y solidaridad del conjunto de las organizaciones sindicales para dar una respuesta activa en favor del empleo y de la industria".