Al ser preguntado en una rueda de prensa, López Garrido recordó que ya no se trata sólo de una petición de los socialistas para que los presidentes de empresas públicas privatizadas por el Gobierno del PP acudan al Parlamento, sino que el Tribuna Constitucional ha dictado una sentencia en ese sentido que debe ser acatada.

"Cuando un órgano como puede ser la Mesa del Congreso contradice frontalmente una decisión del Tribunal Constitucional, a sabiendas de que lo contradice y a sabiendas de su injusticia, estamos ante algo muy serio y muy grave". "Eso tiene incluso una expresión penal y delictiva", remachó.

En todo caso, advirtió que el PSOE "no se va a quedar quieto" y, si la Mesa del Congreso vuelve a rechazar estas peticiones de compareencia, pondrá en marcha "los mecanismos jurídicos adecuados" para que se cumpla la sentencia del Constitucional.

Diego López Garrido pidió por ello a la Mesa del Congreso "que reflexione atentamente" porque la sentencia es "muy clara" y no cabe duda alguna sobre su interpretación y la forma de cumplirla, que es aceptar las peticiones de comparecencia.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, garantizó que los ciudadanos conocerán tarde o temprano "el oscuro proceso de privatizaciones"emprendido por el Gobierno del PP, aunque haya que esperar para ello a que sea relevado por los socialistas.

En su opinión, el PP seguirá negándose a facilitar información porque demostraría "su favoritismo al colocar al frente de esas empresas a sus amigos para que, a su vez, reporten beneficios al Gobierno, bien sea controlando medios de comunicación, o bien sea controlando a asesores del presidente con honorarios suculentos", en clara referencia a Pedro Arriola.