La decisión de la Mesa fue explicada en sendas ruedas de prensa por las vicepresidentas primera y segunda del Congreso, Margarita Mariscal de Gante, y Amparo Rubiales, respectivamente.

Mariscal de Gante aseguró que la decisión de la Mesa es que todas las comparecencias, tanto las de ministros como las de presidentes y ex presidentes de empresas públicas privatizadas, deben celebrarse.

Sin embargo, la última palabra se ha delegado en las mesas de las comisiones en las que se solicitaron as comparecencias. Esto podría suponer que la mesa de cada una de esas comisiones votara la petición y se opusiera a ella.

En el caso de Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, y de Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa, la petición se ha aceptado en los términos formulados por los socialistas, sin limitación expresa alguna, pero la decisión será, en último término, de la mesa de la comisión correspondiente.

En este caso, tal y como recordó Rubiales, la mesa de la comisión podría negare a las comparecencias, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional afecta sólo a la Mesa del Congreso pero no a las mesas de las comisiones.

"TRAMPITAS"

En el caso de los ministros, se ha introducido una coletilla según la cual deben dar explicaciones de su gestión política distinguiendo dos etapas: cuando la empresa era pública y a partir de su privatización.

En consecuencia, los ministros podrían alegar que sólo dan explicaciones de cuando la empresa era pública, entendiendo como tal el riterio tradicional, de empresa con capital mayoritariamente estatal, y no el proporcionado por la sentencia del Tribunal Constitucional.

En el caso de los presidentes y ex presidentes de empresas privatizadas que no son Villalonga ni Martín Villa, la Mesa aplica el artículo 44.4 del Reglamento del Congreso, lo que significa que pueden negarse a comparecer, salvo que su presencia sea reclamada por una comisión de investigación.

Esta distinción entre Villalonga y Martín Villa y los demás presidents y ex presidentes se debe a que estos dos fueron los primeros reclamados por el Grupo Socialista en el recurso al que acaba de responder la sentencia del Tribunal Constitucional.

Amparo Rubiales se mostró satisfecha por entender que la Mesa del Congreso ha salvado un primer obstáculo que abre la puerta a que se pueda conocer con detalle lo ocurrido en el proceso de privatización de empresas públicas.

Sin embargo, alertó también de que aún quedan otras muchas "trampitas" por salvar hasta que sea fectiva la comparecencia de los ministros y de los presidentes y ex presidentes de estas empresas. "Esto es una carrera de obstáculos y hoy sólo se ha salvado uno", sintetizó Rubiales.