A pesar de ello, el sindicato de prisiones Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), ha denunciado a la Dirección General ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito fiscal superior a mil millones de pesetas, según informaron a Servimedia fuentes sindicales.

Este sindicato considera que los echos podrían ser constitutivos de infracción penal recogida en alguno de los artículos del actual Código Penal, relativos a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, así como un posible delito de omisión y de malversación de fondos públicos.

En efecto, de acuerdo con el portavoz consultado en el departamento de Prisiones, el Organismo Autónomo de Instituciones Penitenciarias llegó a tener una deuda fiscal de 346 millones de pesetas por IVA no liquidado durante los ejercicio de 1990 y 1992, y otros 658 millones en concepto de IRPF, asimismo no liquidado, correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1993.

Sin embargo, esta circunstancia fue conocida en todo momento por el órgano de control del Organismo, el Consejo de Administración y por las instancias responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, ya que esas deudas fueron el resultado de una inspección fiscal que se efectuó en 1995.

De acuerdo con los datos recogidos en el informe de la inspección, la Agencia ributaria resolvió que en ningún caso podía considerarse delito fiscal, motivo por el cual el organismo no fue sancionado.

Según se señalaba textualmente en el informe de los inspectores de Hacienda, en la gestión de Instituciones Penitenciarias "no se aprecia conducta dolosa ni culposa, sino una errónea interpretación de la norma, lo que de acuerdo con la circular de la Dirección General de Inspección del 29 de febrero de 1988, lleva a lo no apreciación de la existencia de una infracción tributaria". Precisamente, fue el actual director general de Instituciones Penitenciarias y, asimismo, presidente del Organismo Autónomo, Angel Yuste, quien firmó un convenio con la Agencia Tributaria de pago fraccionado en varias anualidades de la deuda contraída por la anterior administración.

Según aseguró el portavoz de Instituciones Penitenciarias, en la actualidad el Organismo Autónomo está totalmente al día en sus obligaciones tributarias. Prueba de ello es que dispone de un certificado expedido por laAgencia Tributaria, requisito indispensable, que le permite participar en convocatorias públicas que están sometidas a la Ley de Contratos del Estado.

UNIFORMES

Por otra parte, ACAIP ha denunciado también a Instituciones Penitenciarias por el presunto desvío de más de 1.100 millones de pesetas, que habían sido presupuestados en su día para la adquisición de uniformes para los funcionarios de prisiones.

Al respecto, el portavoz de Instituciones Penitenciarias aclaró que en el presupuesto para 195 se dotó, en efecto, una partida de 1.600 millones de pesetas, cuyo destino era la adquisición de vestuario y prendas de dotación obligada al personal funcionario y laboral, así como la adquisición de vestuario y equipos de penados y procesados.

Sin embargo, una parte de ese dinero, 1.178 millones, no llegó a comprometerse, ni por tanto a pagarse, de ahí que el Organismo Autónomo no tuviera la necesidad de justificar la devolución de dicha cantidad al Tesoro Público, porque nunca se generó una salidade fondos de dicho departamento, según la versión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.