En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la magistrada considera que no hay otra medida menos gravosa para proteger a la víctima. En la causa se investigan los delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar, violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, amenazas y tenencia ilícita de armas.

En la comparecencia ante la juez, el Ministerio Fiscal solicitó el ingreso en prisión preventiva del imputado, mientras que la acusación particular, ejercida por la víctima, y la defensa reclamaron la libertad provisional sin fianza.

El pasado 6 de septiembre, el investigado fue condenado de conformidad, entre otras, a la pena de alejamiento y prohibición de comunicación con la denunciante. Sin embargo, al día siguiente ambos fueron interceptados en un control efectuado por la Policía Nacional.

Posteriormente, el encausado envío el día 16 mensajes de texto y de audio a su expareja, en los que la insultó y amenazó por su presunta relación con un tercero, a quien visitó en su casa y también amenazó. El investigado instó a este hombre a que le enseñara los mensajes que tenía con la denunciante. Por estos hechos se formuló una denuncia. El imputado, según recoge la resolución judicial, reconoció parcialmente los hechos, aunque los banalizó y quitó importancia.

La magistrada destaca en el auto que la valoración de riesgo por parte de la policía es “extrema”. Por todo ello, al producirse estos hechos inmediatamente después de una condena, considera adecuada la prisión provisional para “proteger la integridad y salud de la víctima, evitar la reiteración delictiva y la destrucción de pruebas”, ya que en ese momento aún estaba pendiente de llevar a cabo el registro domiciliario y la traducción de mensajes.

A este respecto, una vez realizados los registros en la vivienda y vehículo del investigado, los agentes de la Policía Foral hallaron tres armas (dos en el coche, que estaban cargadas, y una en el domicilio), así como piezas de impresora 3D para su construcción.