En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la magistrada ha impuesto también al investigado, A. R. M., una medida de alejamiento de 300 metros sobre la víctima, así como una prohibición de comunicación durante la tramitación de la causa, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal. La defensa, por su parte, había reclamado la puesta en libertad del imputado.

La juez sostiene que, de lo investigado, "se desprenden méritos bastantes para imputarle" al detenido un delito de agresión sexual cuya pena puede alcanzar los 12 años de prisión.

Según expone, "existen fundados indicios de criminalidad, dado que varios testigos han descrito a un individuo merodeando por las instalaciones del Hospital Universitario" el día de la agresión sexual. De hecho, una de las testigos identificó al investigado en el reconocimiento fotográfico.

La magistrada considera que "se da una evidente relación de proporcionalidad entre la medida de prisión acordada y la consecución de los fines reseñados para garantizar la eficacia del proceso, evitar la reiteración delictiva y el riesgo de fuga ante la gravedad de la pena que pudiera imponerse".