"El hecho es más grave aún si se tiene en cuenta que el propio Ejecutivo ya estudió hace más de un mes un anteproyecto de ley audiovisual que contempla las cuestiones ahora reguladas con precipitación", aseguró Prisa.

Según este grupo, "la utilización de la figura jurídica del decreto-ley para un tema no urgente y sobre el que no existe demanda social alguna, desdice de los usos democráticos y es una forma de despojar a los agentes perjudicados (operadores y consumidores) de toda posibilidad de defensa jurídica de sus intereses".

"El que la decisión se haya tomado en pleno mes de agosto, aprovechando la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar medidas contra la crisis económica, añade preocupantes perfiles políticos al arbitrismo gubernamental", añadió.

Prisa indicó que "confía en que durante el trámite de control legislativo de este decreto-ley se ponga de relieve en el debate parlamentario el clientelismo del Gobierno en su política audiovisual".