El acuerdo, logrado tras doce hora de conversaciones entre Zabalza y los consejeros de Hacienda de las 15 comunidades del régimen fiscal general (todas, salvo País Vasco y Naarra) deberá ser ratificado en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá el próximo día 20 bajo la presidencia del ministro de Economía, Carlos Solchaga.

Sólo una comunidad, la canaria, anunció expresamente su negativa a ratificar el acuerdo, por considerar insuficiente los fondos asignados a esa región, a pesar de que suponen una cantidad por habitante superior a la media.

En virtud del acuerdo, el Gobierno se compromete a elevar en 107.000 millones de pesetas adicionaes, para los próximos tres años, la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial y a aportar otros 15.000 millones en 1992, al margen de dicho fondo.

En lo que se refiere a la corresponsabilidad fiscal, el consejero catalán de Hacienda, Maciá Alavedra, aseguró que el Gobierno central se ha comprometido a ceder el 15 por ciento de la recaudación del IRPF a las comunidades, si bien este extremo no fue confirmado por Zabalza.

El acuerdo fue absoluto en cuanto a la coordinación presupuestaria. n este apartado, existe plena coincidencia en la necesidad de que el Gobierno central y las comunidades fijen conjuntamente cada año las cifras de déficit y endeudamiento público coherentes con los grandes objetivos macroeconómicos.

Según Zabalza, las posiciones expresadas por los distintos consejeros no difirieron en función de su adscripción ideológica o partidaria, sino en virtud de la "realidad socioeconómica" de sus regiones.

A su juicio, el resultado final es "equilibrado" y, aunque no consga la unanimidad, sí cuenta con un "amplio" respaldo. En todo caso, cuando el nuevo sistema de financiación se vote en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno central sólo necesitará el apoyo de seis comunidades, dado el reparto de votos entre las autonomías y la Administración central.