Por esta misma causa están procesados el dirigente del sindicato LAB Andoni Solagurenbeaskoa; un trabajador del diario "Egin", Luis Manuel Idarraga Gorostiaga, y el periodista de "Euskaldunon Egunkaria" José Carlos Apezteuia, que se sentarán en el banquillo en el que será el primer juicio al aparato de finanzas de la organización terrorista.

En el sumario están también implicados los dirigentes etarras Francisco Mújika Garmendia ("Pakito"), José Luis Alvarez Santacristina ("Txelis"), José María Arregui ("Fiti") y Felipe San Epifanio ("Pipe"), detenidos, a excepción del primero, hace ya un año en la localidad francesa de Bidart.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, la organización tine dos fuentes habiuales de ingreso: el pago de rescates de industriales secuestrados y la extorsión de los empresarios bajo amenazas, que se realiza a través de "los medios vascos habituales".

Entre éstos se encuentra el despacho de abogados "Berdin", en la calle Ramón María Lili de San Sebastián, al que pertenecen, además de Reizábal, Iñigo Iruin (cuya causa se tramita en el Tribunal Supremo por ser aforado) y el fallecido Antonio Ibarguren.

Según el fiscal, el aparato de finanzas que funciona en España estaba diigido por "Pipe", que captó a Apezteguia, conocido también como "Peio Bilbao", para contactar con los empresarios que ya habían recibido la carta amenazadora de ETA para concretar la suma a pagar y la forma de hacer efectivo el cobro.

Sin embargo, San Epifanio tuvo que huir a Francia tras la desarticulación del "comando Matalak", por lo que Apezteguia quedó como responsable del aparato de finanzas con la colaboración del Idarraga Gorostiaga. Ambos siguieron ocupándose de los cobros, que oscilaban entr los 3 y 15 millones por entrega.

Una vez recibido el dinero, Apezteguia lo trasladaba a la sede del sindicato LAB de Rentería y se lo entregaba a Jon Solagurenbeaskoa.

Por su parte, Alvaro Reizábal participó "de forma directa y eficaz" en el cobro de 12 millones de pesetas al empresario M.J.B., en junio de 1991.

El empresario había recibido tres cartas de ETA, una de las cuales le recomendaba acudir al despacho de la calle Ramón María Lili, donde fue atendido por Reizábal que días más tardele dijo que recibiría una llamada de "Peio Bilbao", lo que efectivamente se produjo.

El empresario se entrevistó con "Peio Bilbao" que le informó que el pago se efectuaría en tres entregas, la primera de ellas tuvo lugar en un "parking" de la Plaza de Easo de San Sebastián.

Antes del segundo pago se produjo la desarticulación del "comando Vizcaya", por lo que Reizabal llamó al empresario para posponer la cita para un mes más tarde. Sin embargo el encuentro no llegó a producirse porque el chantajedo llegó tarde al lugar.

Antes esta situación un amigo del empresario se entrevistó de nuevo en el despacho con el abogado, que le entregó una nota escrita a máquina en el que figuraban los detalles del próximo encuentro.

El fiscal estima que la cantidad reclamada por ETA a los cinco empresarios de los que tiene constancia que fueron extorsionados, asciende a 178 millones de pesetas, obtenidos siempre por el método relatado.

Estos datos fueron comprobados cuando la cúpula etarra cayó en Bidat y coincidían con el contenido de algunos de los documentos incautados por la policía francesa.

El ministerio público considera que los hechos constituyen delitos de pertenencia a banda armada y amenazas, por los que pide 15 años de prisión para cada procesado, excepto para Apezteguia para el que eleva su petición a 17 años de cárcel.