El documento aconseja que el caso sea archivado e indica que el único delito que puede contemplarse desde el punto de vista penal es el de prevaricación, pero ya prescrito, por lo que, en consecuencia, sólo se puede hacer una reprobación social, ya que lo que sí desvela la documentación aportada es "un cierto aroma de corrupción".

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, será no obstante quien tenga la última palabra al respecto, puesto que el iforme de la secretaría técnica no es vinculante. La junta de fiscales estudiará ahora la documentación remitida desde Barcelona, en una reunión que mantendrá en los próximos días.

La fiscalía de Barcelona fundamentó su investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por los consejeros y ex consejeros en los avales otorgados por la Generalitat a diversas empresas a través de la Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), por un valor de unos 1.800 millones de peseas.

Los dos consejeros investigados son el de Economía y Hacienda, Macià Alavedra; el de Industria, Antoni Subirà; y los ex consejeros, Vicenç Oller, Joan Hortalà, Josep Antoni Basáñez y Josep Maria Cullell.