Las políticas hidráulicas y la búsqueda de soluciones a los problemasque plantea la gestión de los residuos sólidos urbanos e industriales marcarán el año que viene las políticas ambientalistas, que corren el peligro de quedar supeditadas a los comicios electorales que se desarrollarán en 1993.

El Gobierno tiene la intención de presentar la próxima primavera a las Cortes el Plan Hidrológico Nacional, entre cuyos objetivos destaca el de garantizar el abastecimiento y la calidad de un bien escaso, como es el agua.

Sin embargo, el proceso de aprobación del plan puedecomplicarse si las llamadas a la solidaridad formuladas por el Ejecutivo son cuestionadas por las regiones que disponen de más agua y que temen que su trasvase a las menos favorecidas promueva el desarrollo de ellas y entorpezca el suyo propio.

Además, las organizaciones conservacionistas recrudecerán sus críticas al proyecto gubernamental, por considerar que está basado en el erróneo argumento de que la construcción indiscriminada de embalses en todo el territorio garantizará el consumo. Los ecologisas insisten en que el plan hidrológico no tiene en cuenta el ahorro y las nuevas políticas agrarias comunitarias.

NUEVOS IMPUESTOS

Respecto a los residuos, tanto industriales, como sólidos urbanos, la Administración deberá incidir sobre las industrias y los usuarios para reducir los volúmenes de producción

El secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, Vicente Albero, ya ha anunciado la aprobación, en 1993, de una ley sobre envases, que grave la utilización de aquellosque más impacten sobre el medio ambiente, y la creación de tasas que incidan sobre las actividades "menos ecológicas".

La adaptación a las normativas comunitarias, la aparición de la etiqueta ecológica, que distinguirá a los productos más respetuosos con el medio ambiente, y la cada vez mayor conciencia conservacionista que predomina entre la población debe obligar a la industria y las administraciones a abandonar las tesis teóricas, para cambiarlas por compromisos y medidas reales.

Además, el añ que viene la Administración tendrá que desarrollar el Programa Nacional de Actuaciones ante el Cambio Climático, el Plan de Obras Hidráulicas, el Plan Nacional de Depuración y Saneamiento de Aguas Residuales, el Plan de Costas, el nuevo Plan de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Plan de Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos.

En el ámbito normativo, deberá adaptar a la legislación nacional la normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental, acometer la trasposición de la directiva de la CEsobre tratamiento de aguas residuales, elaborar una ley marco sobre residuos y encarar la transformación del marco jurídico de las confederaciones hidrográficas en entes públicos.

En 1993, las empresas españolas empezarán a confirmar que el medio ambiente es un factor más de competencia y no algo lejano cuya defensa corresponde a idealistas y ecologistas extremistas.