Tanto Aparicio como Montoro rechazaron ofrecer cifras y precisaron que se trata de unos presupuestos marcados por la "lina de reducción del déficit" y el "logro del equilibrio presupuestario", si bien precisaron que durante el debate parlamentario de las cuentas públicas darán cabida a los acuerdos que surjan del diálogo social abierto con los sindicatos y la patronal.

Confirmaron que el IPC previsto para el 2001 será del 2% y que éste será el porcentaje que subirán los sueldos de los funcionarios y de los pensionistas en el próximo ejercicio.

ENFADO

Por su parte, los sindicalistas -visiblemente enojados-, criticron al Gobierno por no comprometer partidas concretas para gastos de carácter social, mejora de prestaciones o salarios de los funcionarios, entre otras.

Acusaron al Ejecutivo de José María Aznar de "hipotecar" el superávit de la Seguridad Social y el del INEM (475.000 millones para el año 2001), logrados con las cotizaciones de los trabajadores, para asegurarse el equilibrio presupuestario.

"Estos presupuestos no son compatibles con las necesidades sociales de España", criticó Cándido Méndez, mintras que CCOO considera que se trata de "un presupuesto injusto e inoportuno, porque carga el déficit cero que persigue Aznar sobre las espaldas de los trabajadores".

UGT y CCOO coincidieron en tachar de "irreal" e "imposible" la previsión de IPC del 2% realizada por el Gobierno y aseguraron que perjudica gravemente la negociación colectiva y repercute negativamente en los salarios de dos millones de funcionarios, un millón de trabajadores que cobran el Salario Mínimo Profesional (SMI) e incluso a lo pensionistas, que tienen que esperar todo el año para recuperar el poder adquisitivo perdido a lo largo de todo el ejercicio.

"Sólo hemos recibido buenas palabras del Gobierno", dijo Cándido Méndez, quien advirtió al Ejecutivo que los presupuestos ponen en "serio riesgo" el diálogo social.

Mientras, Puig-Samper aseguró que estos presupuestos ponen "obstáculos" al diálogo social y alertó al Gobierno de que debe mejorar el dinero destinado a mejorar sociales. "Si no cambian, tendrán más problemas e los que los sindicatos queremos", amenazó.

Finalmente, los sindicatos se quejaron de que los presupuestos incluyan sólo una partida de 16.000 millones de pesetas destinados a la separación definitiva de fuentes de financiación de la Seguridad Social y de que el Gobierno no haya concretado partidas presupuestarias para cubrir el coste de la desviación del IPC ni la anunciada subida de las pensiones mínimas.