El foco se ha puesto sobre esta cuestión después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, haya reclamado en las últimas semanas esta mayor tributación de las empresas eléctricas que, por otro lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, también había defendido anteriormente.

En este sentido, ambas ministras participaron el miércoles en un acto celebrado en Sevilla en el que, por un lado, Montero reivindicó que ella ya había abogado por la medida antes que Díaz y apuntó que el Gobierno está estudiando “la fórmula más adecuada” para implantarla.

Por su parte, Díaz afirmó que es necesario “actuar ya” y “no en los Presupuestos Generales del Estado”, abogando por hacer efectiva la medida a través de un real decreto ley. Un día después, el jueves, Díaz afirmó que, según la Constitución, “no es posible” aprobar el impuesto a las grandes eléctricas a través de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que insistió de nuevo en la figura del real decreto.

Las declaraciones de la representante de Unidas Podemos originaron la respuesta de otros miembros de la parte socialista del Gobierno, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que el jueves remitió a la ministra de Hacienda para las cuestiones de materia fiscal; y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que afirmó que “a la hora de diseñar el sistema fiscal, es obvio que el liderazgo lo lleva Hacienda”, por lo que “hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz”.

La ministra de Hacienda no ha llegado a afirmar de forma explícita cuál es la fórmula por la que aboga para instaurar esta medida, sino que ha indicado que el Gobierno estudia cuál es la mejor vía. Sin embargo, en un caso similar y reciente como el de la rebaja del IVA a los productos menstruales que Unidas Podemos quería introducir en la nueva ley del aborto, finalmente la medida no se introdujo porque, tal y como explicó María Jesús Montero, la medida entraría en vigor más tarde por esa vía que si se hace a través de los Presupuestos de 2023.

PROYECTO DE LEY

Siguiendo este razonamiento, la vía menos probable para llevar a cabo la medida sería la aprobación de un proyecto de ley para la creación de un nuevo impuesto, ya que todo el procedimiento parlamentario a través del Congreso de los Diputados y el Senado, más el habitual plazo previo de consulta pública, haría que todo el proceso llevara muchos meses.

En cualquier caso, cabe señalar que esta vía sería la única posible en caso de que la decisión del Ejecutivo fuera la de crear un impuesto nuevo específico, ya que cualquier figura tributaria debe ser creada a través de un proyecto de ley.

Este fue el caso de los dos impuestos de creación más reciente, como son el de las transacciones financieras y el de servicios digitales, que entraron en vigor en 2021 pero tuvieron que ser tramitados como proyecto de ley de forma independiente de los Presupuestos de dicho ejercicio. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó los proyectos de estos dos tributos en febrero de 2020, finalizando el procedimiento parlamentario, con la aprobación por parte del Senado, en octubre del mismo año, ocho meses después.

PRESUPUESTOS

En caso de descartar la opción del proyecto de ley, el Gobierno estaría obligado a aplicar la subida tributaria a las eléctricas a través de una figura fiscal ya existente, siendo el Impuesto de Sociedades el tributo con más posibilidad de ser ajustado para implantar la medida.

Así, la modificación de este u otro impuesto podría hacerse a través de un real decreto ley o de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, cabe recordar que aplicar un tipo de tributación específico y más alto a las compañías eléctricas que al resto de sociedades no sería algo nuevo, ya que actualmente el Impuesto de Sociedades aplica un tipo nominal del 25% de forma general, y del 30% en el caso de las entidades financieras y de las compañías de hidrocarburos.

De la misma manera, cuando los Presupuestos de 2022 introdujeron un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, dicho porcentaje quedó establecido en el 18% para el caso de entidades financieras y compañías de hidrocarburos.

La vía de los Presupuestos podría ser más rápida que la del proyecto de ley, ya que la tramitación de las cuentas públicas suele realizarse de septiembre a diciembre, para su entrada en vigor el 1 de enero del siguiente año, y además su procedimiento parlamentario tiene preferencia sobre cualquier otra norma.

Sin embargo, optar por la vía presupuestaria cuenta con el inconveniente de que la medida podría no entrar en vigor en caso de que el proyecto de Presupuestos no sea aprobado. Dicha incertidumbre existe con cualquier texto legislativo, pero es mayor en una norma de la importancia de los Presupuestos, especialmente en un momento en el que la relación del Gobierno -o más concretamente el PSOE- con uno de sus principales socios parlamentarios, ERC, está en su peor momento de la legislatura tras el caso de espionaje Pegasus.

Así, un hipotético voto en contra de los 13 diputados de ERC a las cuentas públicas de 2023 haría que la votación estuviera muy justa, con el riesgo de no lograr la mayoría necesaria para su aprobación.

REAL DECRETO

Por último, desde Unidas Podemos defienden la vía del real decreto como la mejor para hacer efectiva de manera inmediata la medida, ya que entraría en vigor apenas días después de su aprobación por el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta vía también cuenta con la posibilidad de que la medida fuera invalidada en caso de ser rechazada por el Congreso -los reales decretos deben ser convalidados por la Cámara Baja en un mes o, de lo contrario, decaen- pero sería más fácil para el Gobierno lograr los apoyos necesarios a una medida concreta que a todo un proyecto de Presupuestos.

Sin embargo, desde el Gobierno observan una mayor inseguridad jurídica en el uso de esta vía que podría abrir la puerta a que las eléctricas llevaran la medida a los tribunales.

La fórmula del real decreto ya ha sido utilizada en varias ocasiones por el actual Gobierno para llevar a cabo medidas fiscales, como son las rebajas en el IVA de las mascarillas y material sanitario o a las distintas figuras tributarias que afectan a la electricidad.

Por todo ello, debido a las distintas posibilidades legislativas, desde el Ministerio de Hacienda apuntan que es necesario estudiar qué mecanismo será el “más seguro, eficaz y ágil” para aplicar la medida.