Este fondo, que reciben las comunidades cuya renta por habitante es inferior al 75 por ciento de la media comunitaria, emplea la misma cantidad de dinero desde 1992, la mínima establecida por el Consejo de Política Fiscal y Financiera ese año.

Sin embargo, sí se producen cambios en la distribución por comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana aumenta sus ingresos por este concepto un 26,6 por ciento, alcanzando los 7.315 millones de pesetas.

Entre las comunidades que aumntan le siguen Canarias, con un aumento del 16,8 por ciento (6.000 millones); Murcia, con un crecimiento del 12,5 por ciento (4.056 millones); Cantabria, con un 7 por ciento (1.319 millones); Asturias, con un 1,6 (4.127); y Andalucía, con un incremento del 1,4 (50.719 millones).

En cambio, disminuyen sus ingresos por este fondo Castilla-La Mancha, que baja en un 15 por ciento (9.273 millones), seguida de Extremadura, con una disminución del 12,6 por ciento (10.003); Castilla y León, con una reducción el 2,6 por ciento (12.287) y Galicia en un 1,4 por ciento (23.747 millones).

Para valorar lo que se lleva cada comunidad, se tiene en cuenta principalmente la población, seguido del saldo migratorio, el paro, la superficie y la dispersión de la población. Una vez obtenido un resultado, este se corrige en función de la renta por habitante y la insularidad.