En opinión de este sindicato, las previsiones sobre empleopara 1993 de los presupuestos "son un intento voluntarista de mejorar el deprimido nivel de expectativas sociales y no una proyección basada en el rigor". CCOO asegura que la evolución sectorial de la actividad y el empleo no permiten sostener las previsiones del Ejecutivo.

Según los cálculos de CCOO, antes de que finalice el presente año la destrucción de empleo asalariado puede superar al 3 por ciento, si se tiene en cuenta que hasta el segundo trimestre una media de un 2,7 por ciento de la població asalariada existente en 1991 había perdido su empleo, mientras que el empleo no asalariado registrará un ligero crecimiento.

Para los responsables de CCOO, una reducción de la demanda interna de la actividad económica, como persiguen los presupuestos del 93, "alimentará intensas pérdidas de empleo en la economía española" y no mejorará la tasa de cobertura comercial con el exterior, como demuestra, a su juicio, el hecho de el déficit comercial crezca aceleradamente aunque se vengan aplicando política de ajuste desde 1989.

El estudio de CCOO estima que la destrucción de empleo en 1993, coadyubada, en opinión de este sindicato, por los Presupuestos del Estado, puede situarse en cifras muy próximas al 3 por ciento de la población activa, afectando especialmente a los sectores de la construcción, los servicios privados y la industria.

En términos absolutos, CCOO prevé que el volumen de ocupación medio en 1993 podría ser inferior en más de 350.000 empleos al de 1992, como resultado de una destrución de más de 400.000 puestos de trabajo asalariados (-3,5 por ciento) y un crecimiento apreciable del empleo autónomo.

Por todo ello, CCOO señala que es posible que el camino elegido por el Gobierno consiga equilibrar en parte algunos de los desequilibrios de la economía española, pero advierte que llevará aparejados costes sociales muy elevados, sin que exista ninguna garantía de cambio en el futuro, tanto en la regeneración y ampliación del tejido productivo, commo en el reparto de la riqueza.

Los responsables de CCOO no comparten la apuesta por la competitividad que hace el Gobierno, al considerar que está apoyada exclusivamente en los menores costes sociales, lo que, a su juicio, significa renunciar a conseguir los niveles de desarrollo de los países comunitarios más avanzados aunque se cumplan determinados requisitos monetarios.